Guatemala vive una "militarización" de la seguridad con "potenciales beneficios" si se trata de una medida transitoria acompañada por reformas institucionales, pero con el "riesgo" de conducir a violaciones de los derechos humanos, alertaron especialistas en conflictos.

El presidente Otto Pérez Molina, un general retirado con seis meses en el poder, aumentó la presencia de militares en las calles y anunció la activación de una decena de brigadas castrenses como parte de su política de "mano dura" contra el crimen que abate al país y lo ubica como uno de los más peligrosos del continente.

"En efecto, hay una militarización" que ante la "ausencia de profesionalización de la Policía, es una alternativa de emergencia" válida, pero "que no debe prolongarse en el tiempo", afirmó a Efe Alonso Tabón, investigador del Centro de Recursos para Análisis de Conflicto (Cerac) con sede en Bogotá, Colombia.

La asunción temporal de labores policiales por los militares puede conllevar "potenciales beneficios", como "mejorar la percepción" de la seguridad por parte de los ciudadanos, lo que es indispensable, porque "sin la confianza de la ciudadanía en un servicio público de seguridad ningún cambio es posible", dijo Tabón.

"La percepción de inseguridad" de los guatemaltecos "es mucho mayor" que el ya de por sí "alto" grado de violencia que registra el país, según un informe del Cerac divulgado la semana pasada.

En los primeros cuatro meses de este año la tasa anual de homicidios en Guatemala se ubicó en 38 por cada 100.000 habitantes, según el guatemalteco Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), superior a la veintena de promedio que tiene América Latina.

"El sentimiento de temor e inseguridad es generalizado" pese a que la violencia está "concentrada" en los centros urbanos, en las zonas costeras y las fronterizas, y afecta casi en su mayoría a hombres de entre 18 y 39 años, indicó el Cerac en su informe, denominado "Guatemala en la encrucijada. Panorama de una violencia transformada".

Jorge Restrepo, director del Cerac y uno de los responsables del estudio, alertó que una implicación prolongada de los militares en las labores de seguridad pública puede perjudicar a la institución castrense y a la misma sociedad.

Se puede generar "una escalada violenta y conducir a violaciones a los derechos humanos", así como "exponer" a los militares "a la corrupción cercana del crimen organizado y el narcotráfico", afirmó.

"Todo depende del planteamiento y de cómo se ejecute (...) La vigilancia de la ciudadanía es clave", añadió Restrepo.

Pérez Molina ha dicho que echará mano de los militares "el tiempo que sea necesario" y mientras se somete a la Policía Nacional Civil a una reforma para profesionalizarla y rescatarla de la corrupción e incapacidad en la que cayó en el último decenio.

El 30 de junio, el gobernante inauguró dos nuevas bases militares, una de ellas en la zona fronteriza con México, y anunció otras nueve para antes de un año, dentro de su política de seguridad.

Para Restrepo, esa estrategia es "clave" para reducir la violencia porque "es en las zonas fronterizas del sur y del oriente de Guatemala en donde han aumentado marginalmente" los asesinatos, "lo que, posiblemente, tiene que ver con la presencia de grupos criminales que se disputan" el negocio del narcotráfico.

El narcotráfico y las pandillas son las máximas expresiones de la violencia armada posterior al conflicto interno que desangró a Guatemala durante 30 años, hasta la firma de la paz en 1996.

El estudio destaca que los altos niveles de violencia armada que persisten tras la guerra responden principalmente a la "debilidad" y hasta "ausencia institucional" que propician la impunidad, y a la exclusión de las grandes masas de pobres de los sistemas político y económico.

Se calcula que el 52 % de los más de 15 millones de guatemaltecos son pobres, y de ellos un 15 % vive en condiciones de extrema pobreza.

Para los investigadores, aparte de políticas para reducir la violencia armada, Guatemala debe proseguir las reformas de sus instituciones a fin de que el Estado logre "proteger a sus ciudadanos", y avance hacia la "descentralización de la seguridad para aumentar la inclusión social y la confianza en el Estado".

"Es posible reducir la violencia en Guatemala. Los últimos datos de homicidios así lo demuestran", indicó Restrepo al citar cifras oficiales según las cuales los homicidios bajaron un 8 % en 2010 y cerca del 5 % en 2011.

La herencia autoritaria y la exposición prolongada a la violencia han hecho de ésta algo rutinario, pero eso puede cambiar si el Estado se aboca a reformas para garantizar "un acceso efectivo a la justicia y una efectiva provisión de seguridad pública", y que el ciudadano recupere la confianza en el Gobierno, afirmó Tabón.

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Giovanna Ferullo