Estados Unidos y la OEA insistieron hoy en el uso del diálogo para que los órganos Legislativo y Judicial de El Salvador solucionen el enfrentamiento que mantienen por la anulación de las elecciones de una veintena de magistrados y del fiscal general.

La embajadora estadounidense en El Salvador, Mari Carmen Aponte, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entre ayer y hoy sostuvieron reuniones, por separado, con diferentes sectores salvadoreños para analizar la crisis entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Creo que las partes involucradas deben seguir dialogando, deben seguir conversando, y que debe de haber una resolución que sea beneficiosa para El Salvador", dijo Aponte, durante una reunión con parlamentarias salvadoreñas.

Por su parte, Insulza opinó que "en El Salvador existe la madurez suficiente, la disposición", para resolver el conflicto a través del diálogo.

En una entrevista con la televisión local, Insulza hizo votos para que "ojalá (...) todos actúen de manera democrática y puedan resolver su problema".

Insulza y Aponte aclararon que no están actuando como intermediarios en el conflicto.

El titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó este viernes una visita de dos días a El Salvador para conocer la "tregua" entre pandillas, que ha bajado los homicidios en de 14 a alrededor de cinco diarios, según los datos oficiales.

La crisis institucional comenzó el pasado 5 de junio, cuando la Sala de lo Constitucional anuló las elecciones de los magistrados llevadas a cabo en 2006 y en abril pasado y ordenó hacerlas de nuevo.

Se agravó el martes, cuando la misma Sala también anuló la elección del nuevo fiscal general, Astor Escalante, hecha el 24 de abril por el Parlamento que funcionó hasta el 30 de abril y fue sustituido por uno nuevo el 1 de mayo.

En ambos casos, la Sala de lo Constitucional argumentó que una misma legislatura solo puede elegir esos cargos en una ocasión.

El Parlamento, que ha desconocido ambos fallos, acudió a la Corte Centroamericana de Justicia, que el 21 de junio dictó la suspensión de las sentencias sobre los magistrados hasta emitir una resolución definitiva, una decisión que, a su vez, el máximo tribunal salvadoreño también desechó.

En medio de la crisis, el pasado 1 de julio los magistrados cuya elección fue anulada asumieron sus cargos en una sesión a la que no asistió Belarmino Jaime, el presidente de la Sala Constitucional y del Supremo, que ha seguido funcionando con cierta normalidad.

La Asamblea Legislativa, de 84 escaños, aprobó anoche con 49 votos un "pronunciamiento" para avalar las elecciones de los magistrados de 2006 y de este año.

Sin embargo, Jaime aseguró a la prensa que la Constitución establece que para elegir y destituir magistrados "se necesitan dos tercios de los diputados, eso significa 56 votos".

La Constitución salvadoreña no precisa en qué período debe elegirse a los magistrados del Supremo y al fiscal general.