Chile iniciará en dos semanas el traslado a Perú de 195 reos de ese país que reúnen las condiciones legales para acogerse a una ley de indulto, después de que ambos países pactaran las condiciones de seguridad del operativo de deportación, informó hoy el Ejecutivo chileno.

Chile y Perú llegaron ayer a un acuerdo para trasladar, entre la última semana de julio y la primera de agosto, al primer grupo de presos peruanos de los 271 que han recibido el indulto, confirmó hoy en rueda de prensa el ministro de Justicia, Teodoro Ribera.

Esta iniciativa legislativa, aprobada en abril por el Congreso chileno, establece una amnistía a más 6.000 presos que hayan sido condenados por delitos menores con el objetivo de descongestionar las cárceles y reducir el hacinamiento de la población penal.

"Se trata del mayor traslado de población penal al extranjero", destacó Teodoro Ribera, quien formalizó ayer en Lima el operativo de deportación junto a su homólogo peruano, Juan Jiménez, y el canciller del país vecino, Rafael Roncagliolo.

La deportación se efectuará a través de una flota de autobuses del Gobierno chileno que partirá del centro penitenciario de la ciudad de Arica, a 2.000 kilómetros al norte de Santiago, y que ingresará a territorio peruano por el paso fronterizo de Chacalluta.

El dispositivo de seguridad, diseñado por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Gendarmería chilena, prevé que los condenados sean sometidos a un chequeo previo, que vistan ropa de calle y que durante el viaje no lleven grilletes.

Durante el trayecto, cada autobús será seguido por personal de la PDI, mientras que entre seis y nueve agentes de carabineros custodiarán el vehículo.

Por otra parte, el traslado de otros 76 presos peruanos que han recibido la amnistía se discutirá en próximas reuniones entre ambos países, si bien aún no se ha definido una fecha para su deportación, indicó Ribera.

Asimismo, Chile y Perú han pactado, junto a la Interpol, que los reclusos que tengan causas pendientes en su país de origen deban comparecer ante las autoridades judiciales peruanas correspondientes.

De esta forma, Perú es el primer país con el que Chile acuerda el traslado de reos extranjeros que han solicitado el indulto.

En cuanto a la situación del resto de presos extranjeros que han pedido el indulto, Ribera aseguró que en los próximos meses se conversará con el Gobierno de Bolivia para estudiar si los 574 presos bolivianos que lo han solicitado cumplen las condiciones recogidas en la ley.

"Visitaremos Bolivia y luego vendrán los países no limítrofes", agregó Ribera.

Precisamente el primer caso de deportación será el de una presa boliviana que padece un cáncer en estado avanzado y que "por razones humanitarias" será trasladada mañana a su país de origen para recibir tratamiento médico.

Hasta el momento, un total de 1.111 reclusos extranjeros han solicitado acogerse a la ley de indulto.

Estos presos no podrán regresar a Chile en un plazo de 10 años.

Los reos que provengan de países no limítrofes van a ser trasladados en aviones del Estado o comerciales acompañados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

La ley fue enviada al Parlamento después de que la Iglesia católica chilena propusiera un indulto con motivo del Bicentenario de la República, en 2010, con el objetivo de reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de los reclusos.

Este problema cobró especial relevancia en diciembre del mismo año tras un incendio en la cárcel de San Miguel de la capital chilena donde fallecieron 81 reclusos.

Según datos de la Gendarmería, actualmente hay en Chile 52.000 presos, de los cuales 2.188 son foráneos.