El representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el estadounidense Todd Howland, visitó el viernes una conflictiva región del suroeste del país donde se presentan hostigamientos rebeldes y comunidades indígenas reclaman la salida de los grupos armados.

"El equipo de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos (que visitó) Cauca se encuentra en buenas condiciones", dijo la delegación en un comunicado. "El señor Howland y los integrantes del equipo con el que viaja se encuentran bien, y no están en zona de combate".

El pronunciamiento salió al paso de versiones de la prensa local en torno a que Howland y otros tres delegados con los que viajaba habían quedado atrapados en un tiroteo entre la fuerza pública y rebeldes de las FARC en una zona del departamento de Cauca en que se han presentado combates y se desconocía su suerte.

La delegación de la ONU se reunió con autoridades civiles y militares, así como campesinos y organizaciones indígenas en Miranda, un municipio al extremo norte de Cauca y a unos 300 kilómetros al suroeste de Bogotá, "con el fin de evaluar la situación de derechos humanos" en la región luego que se presentaran hostigamientos rebeldes y choques con la fuerza pública.

Víctor Meléndez, Defensor del Pueblo en Cauca, indicó en conversación telefónica que en una zona rural de Miranda desde hace aproximadamente un mes se mantiene una protesta de campesinos que demandan la salida de la fuerza pública — que mantienen un puesto de avanzada en una colina — alegando que quedan en medio del fuego cuando se producen los ataques de la guerrilla.

En medio de los intermitentes ataques de las FARC en distintos puntos del norte de Cauca, una zona geográfica clave porque da acceso a otras regiones hacia el centro y suroeste del país, al menos siete personas resultaron heridas y 30 casas dañadas por morteros rebeldes en una incursión de la guerrilla en Corinto, también al norte de Cauca, según se informó el viernes.

El ataque comenzó el miércoles por la noche y se extendió hasta la madrugada siguiente, indicó Oscar Quintero, alcalde de Corinto, un poblado de unos 30.000 habitantes entre afrodescendientes, indígenas nasa y mestizos, dijo el alcalde.

"Lo grave no es sólo el ataque sino que llevamos tiempo pidiendo (a las autoridades) que revalúen su estrategia militar porque la guerrilla le tira a ellos y pagamos nosotros", dijo Quintero el viernes en diálogo telefónico con The Associated Press.

Agregó que el ataque se conoció tarde porque la atención se ha centrado en Toribío, otro poblado del norte de Cauca, donde debido a los hostigamientos de la guerrilla y las exigencias de la mayoría de la población indígena nasa de retirar a la fuerza pública, el presidente Juan Manuel Santos acudió el miércoles para una reunión de gabinete al final de la cual rechazó la evacuación de militares y policías.

En la jornada, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ratificó que la fuerza pública no saldrá de ninguna parte del territorio y que los planes oficiales son incrementar el número de uniformados en 25.000 en los próximos dos años. Unos 20.000 de esos nuevos uniformados, dijo Pinzón, serán para la policía, que ya cuenta con 165.000 integrantes y el resto para las fuerzas militares, que disponen actualmente de 430.000 efectivos.

Dijo además que en los próximos 18 meses llegarán al país cerca de 14 helicópteros y 10 aviones, pero no ofreció detalles de esas nuevas naves.

Las fuerzas armadas combaten "en todos los frentes, contra el narcotráfico, la minería ilegal, aquellos que amenazan a la población civil, contra la extorsión, microtráfico, contra el terrorismo y los terroristas, estas fuerzas armadas van a seguir actuando con decisión y determinación", dijo Pinzón en declaraciones divulgadas por su oficina en un correo electrónico.

"Ellos (los rebeldes) tiran 'tatucos' (morteros de fabricación casera) para que la población civil lleve el bulto" o pague las consecuencias y "para que la población civil presione y saque a la fuerza pública, entonces es una mala estrategia de la fuerza publica ser terco" y no salir de los cascos urbanos donde se ubican, dijo el alcalde.

El más reciente ataque en Corinto, explicó, fue sobre un puesto del ejército ubicado al este del poblado.

El comando policial fue destruido en un ataque de las FARC en julio del año pasado y aún no ha sido reparado, dijo Quintero.

El alcalde aseguró que a diferencia de Toribío y Jambaló, donde la mayoría indígena de ambos poblados ha acudido a encontrarse con la fuerza pública y guerrilleros de base para pedirles que se vayan de la zona, en Corinto aún la población no ha decidido si sigue la misma táctica.