El rechazo del sector empresarial, los principales partidos de oposición y grupos sociales a la propuesta de reforma a la Constitución promovida por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha empezado a debilitar la iniciativa antes de que la misma llegue al Parlamento.

Los líderes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), que aglutina a una decena de agrupaciones rurales, manifestaron hoy su "rechazo total" a la propuesta que consideraron "no responde a las necesidades e intereses de las grandes mayorías".

Antes de promover una reforma a la Constitución, el Gobierno debe atender "los urgentes problemas que afectan a la población" como el hambre y la desnutrición", dijo Daniel Pascual, directivo de la CNOC, en una rueda de prensa.

"Es urgente resolver los problemas de desarrollo rural" que impiden que más de seis millones de personas salgan de la pobreza, agregó el directivo.

El rechazo de los grupos campesinos, aunque por razones diferentes, se une al manifestado por el sector empresarial, aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Las reformas a la Carta Magna "son inviables" porque la iniciativa que promueve el Gobierno "incluye demasiados temas" y se corre el riesgo de que los diputados -que son los que deberán aprobar las modificaciones- "modifiquen, amplíen o restrinjan la propuesta", dijo a los periodistas, Andrés Castillo, presidente del Cacif.

En lugar de modificar la Constitución para modernizar el Estado, señaló el líder empresarial, lo que "el país necesita" es reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y la de la Contraloría General de Cuentas.

El principal partido de oposición, Libertad Democrática Renovada (Líder), también se opone a las reformas porque considera que las mismas "no son suficientes" porque no incluye cambios a los sistemas de salud y educación del país.

Por su parte, el presidente Pérez Molina dijo el miércoles a los periodistas que continuará con la iniciativa de reformas, y que buscará acercamientos con los sectores que han manifestado su oposición "para volver a discutir el tema".

Aunque el proyecto original promovido por el Gobierno contempla reformas a 55 de los 184 artículos de la Constitución, Pérez Molina dijo que el mismo podría reducirse según los criterios de los diferentes grupos con los que han socializado la propuesta.

Según la legislación local, para reformar la Constitución es necesario el aval de las dos terceras partes de los 158 diputados y luego someter las modificaciones a consulta popular entre los ciudadanos por medio de un referendo.

El proyecto oficial de reforma constitucional, elaborado por un panel de asesores conformado por tecnócratas y exfuncionarios, contempla cambios en los artículos relacionados con los sistemas político, de justicia y seguridad, transparencia y rendición de cuentas, fiscal y financiero.