Estados Unidos reiteró hoy su "gran preocupación" por la crisis institucional que vive El Salvador por la disputa entre el Parlamento y la Corte Suprema, pero dudó de que el caso pueda dañar la estabilidad del Ejecutivo de Mauricio Funes.

La secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica, Roberta Jacobson, dijo a los periodistas que el enfrentamiento entre los poderes judicial y legislativo en El Salvador "preocupa mucho" a Washington, una semana después de cerrar una visita al país en la que habló "con mucha gente para poder entender el problema".

"Es un serio problema, que debe ser resuelto, pero no tengo absolutamente ninguna preocupación acerca de la estabilidad del Gobierno de Funes y de la supervivencia de la democracia en El Salvador", afirmó la responsable de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica.

"Esta es una disputa entre dos ramas del Gobierno y tengo toda la confianza de que los salvadoreños la resolverán de forma amistosa, constitucional y legal y que en general la salud democrática de El Salvador no sufrirá por ello", añadió Jacobson.

Aunque subrayó que la crisis institucional "es claramente algo que los salvadoreños deben resolver" y a Estados Unidos "no le corresponde opinar sobre cómo debe solucionarse", hay "algunos asuntos que son importantes" para Washington y "están siendo retenidos" por la paralización de las instituciones.

En concreto, citó las extradiciones, de las que hay "varias pendientes" y "puede que no avancen", y las leyes de fomento de la inversión que se debatían en la Asamblea Legislativa y que "serían muy beneficiosas para el Asocio para el Crecimiento bilateral" y los esfuerzos de EE.UU. para el desarrollo económico.

"Si esos asuntos quedan ralentizados por esta disputa, entonces este es un problema que realmente no sólo afecta a El Salvador", advirtió.

El conflicto se inició el 5 de junio pasado, cuando la Sala de lo Constitucional anuló las elecciones de los magistrados llevadas a cabo en 2006 y el 24 de abril pasado, y ordenó hacerlas de nuevo.

El Parlamento desconoció ese fallo y acudió a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que el 21 de junio pasado dictó la suspensión de las sentencias hasta emitir un fallo definitivo, una decisión que, a su vez, el máximo tribunal salvadoreño también desconoció.