La viuda de un inmigrante mexicano que murió luego de recibir la descarga eléctrica de una pistola aturdidora por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dijo el jueves que confía en la investigación federal sobre la muerte de su marido.

"Han sido más de dos años de espera. Creo que este es un paso hacia la justicia", dijo María Pugo, de 41 años, en una conferencia de prensa en San Diego.

La división de derechos civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos está presentando pruebas ante un jurado de investigación en relación con la muerte en 2010 de Anastasio Hernández, quien tenía 42 años de edad al morir, dijo a The Associated Press el abogado de la familia, Eugene Iredale.

Una persona que no era Iredale y que es cercano a la familia Hernández dijo que se esperaba que dos testigos presenciales comparecieran el jueves más tarde en San Diego. La persona, que habló directamente con los testigos, pidió el anonimato porque se supone que los procedimientos del jurado de investigación son secretos.

Mitchell Rivard, un portavoz del Departamento de Justicia, dijo que el caso sigue bajo investigación y declinó hacer más declaraciones.

Se espera que uno de los testigos sea Humberto Navarrete, quien grabó un video algo borroso con un celular en el puente internacional de San Ysidro, que conecta Tijuana con San Diego. En el video se escucha a un hombre que se cree que es Hernández pidiendo ayuda. El otro testigo sería una persona que acompañaba a Navarrete esa noche.

Navarrete, quien difundió su video poco después del hecho, no respondió de inmediato un mensaje telefónico que se le dejó el jueves.

Pugo, quien tuvo cinco hijos con Hernández, dijo que un video más reciente muestra claramente el uso excesivo de la fuerza. Ese video, que fue transmitido por la televisión pública PBS hace menos de tres meses, parecía mostrar a Hernández recibiendo una descarga mientras yacía en el suelo, rodeado por una decena de agentes.

El video más reciente provocó nuevos escrutinios y críticas. Dieciséis miembros del Congreso le escribieron a la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, para decirle que la muerte de Hernández "puede ser emblemático de problemas estructurales más amplios".

Hernández fue abatido por agentes fronterizos en mayo de 2010 al momento de ser devuelto a Tijuana. El presidente mexicano, Felipe Calderón, se unió a las críticas de que hubo fuerza excesiva por parte de los agentes, ninguno de los cuales ha sido identificado públicamente.

La necropsia que practicó la oficina del forense del condado de San Diego encontró que Hernández murió de un ataque al corazón y que a ello pudo haber contribuido un mal cardíaco y el consumo de metanfetaminas. La autopsia señaló que Hernández no respondía poco después de que fue sometido con la pistola eléctrica, al parecer, con tres o cuatro descargas.

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La periodista de The Associated Press Alicia Caldwell en Washington colaboró para este despacho.