Las autoridades locales de algunos estados no suscriben, sin negociar y a ciegas, un programa de inmigración federal que busca identificar y deportar a inmigrantes sin papeles cuando son arrestados.

El condado de Cook, en Illinois, por ejemplo, decidió hace algunos meses no participar en el programa Comunidades Seguras, que obliga a departamentos de policía locales a compartir las huellas dactilares de inmigrantes detenidos con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.

Y a diferencia de leyes aprobadas en Arizona, Alabama, o Carolina del Sur, el senado californiano aprobó recientemente la ley AB1081 que obliga a la policía local a informar a las autoridades federales de tan sólo inmigrantes detenidos que han cometido delitos graves.

En la ciudad de Washington, el concejo municipal aprobó el martes una ley que limita la forma en que el distrito de Columbia accederá a cumplir con solicitudes de ICE.

La ley 19-585 señala que las autoridades municipales sólo mantendrán retenidos a inmigrantes con órdenes de detención migratoria durante un periodo de 24 horas si no hay cargos criminales contra ellos y exigirán al gobierno un reembolso por el costo de la detención. La legislación local también señala que sólo se mantendrán retenidos a inmigrantes acusados de crimenes violentos o peligrosos.

El comisionado del condado de Cook Jesús García dijo el martes que el shérif del condado "detenía a gente que estaba en custodia por infracciones menores, sobretodo temas de tráfico. Eso provocaba que los arrestados acabaran en proceso de deportación, provocando dolor a muchas familias"... La práctica también resultó en categorización racial".

Cook, el estado de California y la ciudad de Washington fueron descritas el martes por activistas como tres ejemplos a seguir para evitar la separación de familias inmigrantes y reducir las deportaciones de extranjeros que no cometen delitos o cometen infracciones menores.

"Estas leyes estatales y locales sirven para mantener a familias unidas, mantener principios básicos de justicia y restaurar la confianza entre comunidades y departamentos de policía", dijo Sarahí Uribe, coordinadora nacional de campañas para la Red Nacional de Jornaleros.

María García Poblano, una inmigrante hispana con cuatro hijos, dijo el martes que su marido fue víctima del programa Comunidades Seguras en Florida, al ser arrestado en una parada de tráfico en marzo y ahora vivir con una orden de deportación sobre él.

"Desde su arresto, hemos sufrido mucho, tanto social como económicamente", dijo Poblano durante la conferencia telefónica. "Espero que paren las deportaciones y el gobierno termine con programas como Comunidades Seguras".

Doce ciudades están haciendo esfuerzos para aprobar legislación que limite la colaboración entre la policía local y la federal, incluyendo Boston, en el estado de Massachusetts; Farmington, en Nuevo Mexico; Oregón, en Portland; Austin, en Texas, y Burlington, en Vermont.

"En zonas como Cook la gente está empezando a darse cuenta que una violación menor de tráfico no va a significar necesariamente la deportación", dijo B. Loewe, portavoz de la Red. "Leyes como estas abren la posibilidad de reparar de nuevo la relación entre la policía local y la comunidad".

John Morton, director de ICE, defendió el martes el programa Comunidades Seguridas durante una audiencia de un subcomité del Departamento de Seguridad Interior, en Washington. Morton testificó que la decisión del condado de Cook es incompatible con la ley federal y que ICE ha iniciado conversaciones con el Departmanto de Justicia para considerar acciones legales contra el condado.

Morton describió Comunidades Seguridas como un "programa excelente", que desde su inicio en 2008 hasta mediados de mayo del 2012, ha deportado a 135.000 inmigrantes acusados de delitos graves. El funcionario también dijo que no tiene intenciones de reembolsar a condados como Cook por sus gastos en la detención de inmigrantes en cárceles del condado.

Duras leyes migratorias como la SB1070 de Arizona han generado tensión entre comunidades inmigrantes de todo el país. Una polémica cláusula de la SB1070 — ratificada recientemente por la Corte Suprema — obliga a policías a preguntar por el estatus migratorio cuando sospechen que alguien se encuentra ilegalmente en el país.

Cientos de inmigrantes sin papeles han abandonado su trabajo en los cultivos de Alabama, temerosos del impacto que tendría sobre ellos una ley parecida a la de Arizona, aseguraron los activistas.

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Claudia Torrens está en Twitter como http://www.twitter.com/ClaudiaTorrens