El gobierno peruano designará a un grupo de representantes para acompañar las gestiones que el arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos, comenzó este lunes en Cajamarca para poner fin a las protestas antimineras, informó hoy el religioso.

Cabrejos explicó en una rueda de prensa que hoy se reunió con el presidente peruano, Ollanta Humala, para informarle del contenido de las conversaciones que mantuvo ayer con autoridades regionales de Cajamarca (norte de Perú), que está bajo estado de emergencia debido a las protestas contra el proyecto aurífero Conga.

"El gobierno, en estos días, va a nombrar un grupo de representantes para enriquecer este grupo de trabajo que se ha iniciado", dijo el arzobispo.

El expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana aclaró que "el responsable" y el que guía el proceso de conversaciones es el ministerio de Justicia, que recibirá las indicaciones del mandatario sobre "las personas adecuadas para integrar este grupo".

Las autoridades de Cajamarca, encabezadas por su presidente regional, Gregorio Santos, han rechazado volver a sentarse a una mesa de diálogo con el jefe del gabinete ministerial, Oscar Valdés, quien dirigía las conversaciones hasta hace unos meses.

Una vez designados los representantes gubernamentales, Cabrejos indicó que se realizará una visita a las lagunas que están en la zona donde se desarrollará el proyecto Conga y que la empresa Yanacocha, cuyo principal accionista es la estadounidenses Newmont, planea vaciar para extraer el mineral del subsuelo.

Cabrejos hizo una invocación a la serenidad y a la tranquilidad porque "se ha iniciado un proceso largo" que requiere de gran voluntad, dijo.

En tanto, el sacerdote Gastón Garatea, presente en la rueda de prensa y que también participó en las reuniones de Cajamarca, pidió paciencia porque se trata de dar solución a "heridas muy antiguas" y porque restan muchos días para encontrar salidas al conflicto.

Las organizaciones sociales y autoridades de Cajamarca exigen a Yanacocha que detenga el proyecto Conga, que contempla inversiones por unos 4.800 millones de dólares, por el daño irreparable que según afirman generará en sus cuencas y reservas de agua natural.

No obstante, el gobierno peruano dio su autorización al proyecto y ha pedido a la empresa que cuadruplique la capacidad de los reservorios de agua que reemplazarán a las lagunas que serán vaciadas, que evite el secado de dos de las cuatro lagunas comprometidas, que cree un fondo social y ofrezca 10.000 puestos de trabajo a los pobladores de Cajamarca.

En una visita de trabajo en Lima, el presidente peruano declaró hoy que "el tema del agua es fundamental, uno de los instrumentos más potentes para la inclusión social".

Según Humala, "el gobierno viene trabajando para liderar esta política de defensa del agua, esta política hídrica que responde a una necesidad de la familia peruana, tanto en las áreas rurales como en las zonas urbanas".

La semana pasada las protestas en Cajamarca, que comenzaron hace más de un mes, derivaron en violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías en los que cinco personas perdieron la vida.