Un juez federal decidió hoy mantener bloqueadas algunas previsiones de la ley estatal SB20 de Carolina del Sur (EE.UU.), considerada una de las normativas antiinmigrantes más severas del país, hasta que una corte de apelación decida sobre el caso.

Esta decisión supone que los agentes del orden público del estado no podrán cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas por diferentes infracciones.

El juez de distrito Richard Gergel afirmó que no tiene jurisdicción para alterar su decisión del año pasado, porque el estado de Carolina del Sur apeló su bloqueo ante la Corte del Distrito 4, que ahora deberá tomar una decisión o devolverle el caso para su reconsideración.

El Gobierno federal y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpusieron una demanda en 2011 contra el estado por considerar que la SB20 "es inconstitucional, discriminatoria e incita al perfil racial.

El estado de Carolina del Sur busca que el caso se decida en la corte de apelación.

La Policía estatal comenzó en enero pasado a contratar y entrenar a los oficiales que comenzarán a dar cumplimiento a la parte de la ley que otorga a los agentes poderes especiales para detener a personas "sospechosas" de ser indocumentadas.

"Los agentes se llevarán por el aspecto de la persona o acento en inglés para indagar su situación migratoria", afirmó hoy a Efe Roberto Belén, miembro del Consejo de Liderazgo Hispano de Carolina del Sur.

El juez también ordenó al estado entregar un reporte sobre las negociaciones que ha realizado hasta el momento con las autoridades federales de inmigración para el entrenamiento de los oficiales bajo el programa 287g, que permite a los agentes de policía locales y estatales hacer cumplir las leyes de inmigración federales.

Otras cláusulas bloqueadas de la SB20 son la que convierte en delito estatal no portar documentos de inmigración y penalizar a las personas que asistan o alberguen a los indocumentados.

A finales de junio pasado, el Tribunal Supremo de EE.UU. anuló tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la ley SB1070 del estado de Arizona, considerada la más dura contra la inmigración ilegal, pero dejó en pie la disposición que permite a la policía pedir los papeles de quienes detenga por otras infracciones y tenga "sospecha razonable" de que son indocumentados.

La decisión del Tribunal Supremo supuso una victoria para el Gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama, que ha cuestionado la competencia de los estados federados para legislar en esa materia.

Las cláusulas anuladas de la ley de Arizona son una que convertía en delincuentes a los indocumentados que obtengan o soliciten trabajo; otra que autorizaba el arresto, sin permiso judicial, de personas que han cometido un delito que pueda ser causa de deportación; y la que exigía a los inmigrantes portar siempre documentos de registro ante el Gobierno federal.