El Congreso de Estados Unidos inicia hoy cuatro semanas de trabajo con una agenda dominada por la fiscalidad y la reforma sanitaria, dos temas en los que se prevé una confrontación entre demócratas y republicanos.

Antes de comenzar las vacaciones de verano el Congreso se enfrenta al debate de cómo evitar el temido "precipicio fiscal" de finales de año, que podría hacerse una realidad si no se llega a un acuerdo para renovar los recortes de impuestos y reducir los gastos.

Los recortes impositivos aprobados por el presidente George W. Bush en 2001, 2002 y 2003 expirarán a finales de este año, aunque los demócratas están de acuerdo con mantenerlos, pero solo para las rentas por debajo de un determinado umbral.

Si la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, y el Senado, dominado por demócratas, no alcanzan un acuerdo, además de las exenciones de impuestos podrían caducar los beneficios para los desempleados de larga duración y aumentar los gravámenes sobre los salarios.

Para completar la difícil situación si no se alcanzan acuerdos, se implementarán automáticamente recortes por valor de 1,2 billones de dólares en varias áreas presupuestarias en los próximos diez años, medida de urgencia pero no definitiva aprobada el pasado año para recortar el déficit.

Si el Congreso no llega a un acuerdo definitivo a este respecto, la primera economía mundial se arriesga a la suspensión de pagos al alcanzar su techo legal de deuda, lo que podría desencadenar una crisis, cuando todavía persiste la inestabilidad financiera internacional ligada al problema de la deuda en la eurozona.

Además, esta semana la Cámara de Representantes acordará con toda seguridad la revocación de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, medida sólo simbólica, que previsiblemente será frenada por el Senado.

Pese a que no progresará, la propuesta republicana hará resurgir el debate sobre la reforma para una sanidad más eficiente, asequible y para todos en Estados Unidos, después de que el Tribunal Supremo decidiera a finales del pasado mes avalar la constitucionalidad del avance social más importante del mandato de Obama.

Si la reforma sanitaria progresa, obligará desde 2014 a que todos los estadounidenses sin cobertura que se lo puedan permitir contraten un seguro médico privado, mientras que las empresas con más de 50 empleados deberán proveer coberturas y las aseguradoras no podrán negar tratamiento con el pretexto de que el solicitante padecía ya una enfermedad antes de contratar el seguro.