El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el viceprimer ministro Shaul Mofaz, líderes de los principales partidos, acordaron hoy redactar una ley que por primera vez amplíe el alistamiento obligatorio, del que están exentos hasta ahora árabes y ultra-ortodoxos.

La ley, cuyo alcance queda por precisar, será redactada por un equipo que presidirá el ministro de Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalón, del gobernante Likud (derecha), y el diputado del Kadima (centro-derecha) Yohanan Plesner, y que será sometido a voto el próximo domingo en el consejo de ministros, señaló la oficina de Netanyahu en un breve comunicado.

El acuerdo nació de una entrevista celebrada al mediodía entre Netanyahu y Mofaz, líder del Kadima, que había amenazado con abandonar la coalición por este tema, apenas dos meses después de integrarla.

Horas antes, el Likud había aprobado por unanimidad los seis puntos del informe de Plesner que abogaba por el alistamiento progresivo de judíos ultra-ortodoxos y un aplazamiento del debate sobre la inclusión de los árabes.

Sin embargo, el Likud precisa entre sus recomendaciones que el debate sobre el alistamiento de árabes no se demore.

Con los pactos alcanzados y después de que 20.000 personas pidieran anoche en Tel Aviv el "alistamiento universal", Netanyahu inauguró la reunión de hoy del gabinete con el anuncio de un "cambio histórico" a un statu quo que "ni el Ejército, ni la economía ni la sociedad pueden mantener".

"Tras 64 años en que el asunto no se ha resuelto como debería, nos encontramos ante un proceso histórico y un cambio considerable de la participación de ultra-ortodoxos y árabes en la distribución de la carga", dijo, según aparece citado en un comunicado de su oficina.

Netanyahu mostró "comprensión plena hacia quienes sirven y a sus familias" y prometió un sistema de incentivos y penalizaciones para que "no reciban lo mismo" reclutas y exentos.

El alcance de la obligación domina el debate político israelí en las últimas semanas por la negociación de un texto legal que sustituya al anterior, declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo por discriminar entre los distintos jóvenes del país.

La corte ordenó al Ejecutivo que no renueve la ley de exenciones el próximo 1 de agosto, cuando vence la que fue legislada hace una década.

Netanyahu ha zigzagueado sobre el espinoso asunto, en el que se ve presionado de un lado por sus socios de coalición ultra-ortodoxos y, del otro, por sus apoyos ultranacionalistas, que exigen el reclutamiento sin excepción alguna.

El primer ministro estableció una comisión, liderada por Plesner, para luego enterrarla cuando los socios de coalición la fueron abandonando en protesta y hoy finalmente rescató sus conclusiones, tras la multitudinaria manifestación de anoche.

La protesta de ayer, convocada por un colectivo autodenominado "los pringados" (porque van a filas mientras otros no), concentró anoche en las calles de Tel Aviv a miles de personas, entre ellos decenas de diputados y ex altos mandos militares, para pedir al Gobierno el "alistamiento general".

Mofaz, uno de los asistentes, entró de sorpresa en el Gobierno el pasado mayo (cuando ya había incluso fecha para las elecciones anticipadas) con un compromiso de que la nueva ley de alistamiento ampliaría sus márgenes.

Los cientos de miles de ultra-ortodoxos se libran del servicio militar obligatorio, de tres años para los hombres y dos para las mujeres, con declarar que estudian todo el día en un seminario religioso, con base en un acuerdo que cerró David Ben Gurión poco después de la creación de Israel (1948), cuando los beneficiados apenas sumaban cuatrocientos.

También están exentos los palestinos con ciudadanía israelí, que suponen un quinto de la población y están discriminados respecto a la mayoría judía.

El rechazo en este caso es mutuo: El Ejército duda de la lealtad de una minoría ampliamente percibida como una quintacolumna y los árabes no quieren servir con el uniforme de un país con el que no se sienten identificados y que ocupa Gaza y Cisjordania.