La Radio Morena, propiedad de un asambleísta de oposición, fue clausurada en la víspera pero el presidente Rafael Correa desmintió el sábado que se tratara de una persecución política y explicó que se debió a un proceso de depuración de frecuencias por parte de organismos de control.

La Superintendencia de Telecomunicaciones clausuró el viernes la estación y confiscó sus equipos, en medio de un operativo policial que generó incidentes con trabajadores y autoridades del medio, en Guayaquil, la segunda ciudad del país, 270 kilómetros al suroeste de Quito.

"La ley es para todos. Revisen lo que quieran en la reversión de frecuencias de concesiones y si se ha hecho algo arbitrario o persecución política que nos demanden", dijo Correa en su programa sabatino de radio y televisión "Diálogo con el presidente".

Se trata de un proceso de depuración porque "eso era un caos, frecuencias ilegales, corrupción, fallas técnicas", entre otras, agregó.

El mandatario explicó que unos 200 contratos de concesión se han renovado, mientras 90 han sido rechazados.

"Todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que cumplirla", acotó.

Radio Morena, con señal en frecuencia modulada desde hace 17 años, pertenece al legislador del partido de oposición Sociedad Patriótica, Luis Almeida. El medio mantenía desde hace un año un litigio con la Superintendencia de Telecomunicaciones, luego de que esta decidiera en julio de 2011 no renovar el contrato, aduciendo incumplimientos técnicos referentes a la ubicación de sus transmisores, así como la mora en el pago previsto en la ley.

El ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, explicó en el programa sabatino que la decisión del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), se basó en un informe que determinó que los equipos de Radio Morena "estaban instalados en otras casetas, las antenas no eran autorizadas, utilizaban frecuencias no autorizadas ... y a esa fecha adeudaba ocho meses por un valor por 6.890 dólares".

Para el directivo del medio, la clausura "es un abuso porque yo soy un hombre de oposición" y es "dirigido porque la estación ha pagado totalmente sus emolumentos mensuales".

En declaraciones a la AP, Almeida afirmó que se han presentado los recibos de pago hasta agosto de 2011, un mes después de que se comunicara la decisión del organismo de no renovar la concesión de la frecuencia. A partir de esa fecha se iniciaron acciones legales para revertir la medida, por lo que "hemos venido pagando ante el juez cuarto lo civil en una consignación voluntaria". El costo mensual es de 583 dólares, dijo.

Sobre la ubicación del transmisor radial, indicó que cuenta con la certificación de la superintendencia de que la localización es correcta.

"No hay justicia en Ecuador", dijo el legislador que anunció que denunciará el caso ante la relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Vamos a pedir una indemnización al estado ecuatoriano para que se sancione al estado por la persecución a opositores y por persecución política...", acotó.

Según el Superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, hasta el momento se han clausurado unos 19 medios entre emisoras de radio, canales de televisión y sistemas de audio y video.