Las torturas, secuestros y asesinatos cometidos por las dictaduras sudamericanas deben tener su castigo condigno a pesar de las leyes de impunidad que amparan a sus perpetradores, sostuvieron los legisladores e investigadores reunidos en un seminario sobre la Operación Cóndor.

El foro concluyó el jueves, el mismo día de la histórica condena del ex dictador argentino Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por la ejecución de un plan sistemático de apropiación de niños durante la dictadura militar de 1976-83 en ese país.

En su declaración final, el seminario exigió que "agentes de Estado, así como sus cómplices civiles que violaron los derechos humanos, sean procesados y castigados con penas proporcionales a sus crímenes".

El foro congregó el miércoles y jueves a legisladores, investigadores y activistas de derechos humanos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos para discutir la Operación Cóndor, la alianza represiva de los regímenes de fuerza que gobernaron la región entre los años 60 y 80.

"No se trata de una voluntad personal sino de una demanda de la sociedad", manifestó la diputada brasileña Luiza Erundina, una de las organizadoras del seminario, sobre la necesidad de que la justicia procese a los responsables de los crímenes cometidos durante las dictaduras.

Una ley de amnistía de 1979 ha impedido que Brasil lleve a la justicia a militares responsables de torturas y asesinatos durante la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985.

Erundina es autora de un proyecto — detenido en el trámite legislativo — para enmendar la ley a fin de que los crímenes de los represores puedan ser juzgados.

Chile promulgó una ley de amnistía en 1978, pero la justicia pudo procesar a algunos militares acusados de secuestro, al considerar que se trata de un delito imprescriptible mientras no aparezca la víctima. Sin embargo, activistas de derechos humanos reclaman que la vigencia de la ley impide el procesamiento de responsables de otros delitos cometidos por la dictadura (1973-1990), como la tortura.

Argentina es el país que más avanzó en este sentido, luego de que en 2005 la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impedían el procesamiento de centenares de implicados en la represión durante el régimen militar, y anuló los indultos otorgados a los pocos jerarcas de la dictadura que habían sido condenados en los juicios realizados durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

A diferencia de Argentina, Chile y Uruguay, Brasil no ha procesado a los agentes de su dictadura militar involucrados en crímenes de lesa humanidad y recién este año estableció una Comisión de la Verdad para investigar tales hechos.

En la declaración final del foro de Brasilia, los participantes se propusieron impulsar la conformación de un tribunal sudamericano que sirva como corte civil de investigación y enjuiciamiento de "actos graves de violación de derechos humanos".