El gobierno y los líderes de una protesta contra un millonario proyecto minero en el norte del país acordaron el viernes que un jerarca católico actúe como mediador en el conflicto, que ya ha dejado cinco muertos.

El presidente Ollanta Humala dijo que el gobierno propuso a los dirigentes de la protesta contra el proyecto minero Conga que el arzobispo de Trujillo, monseñor Miguel Cabrejos, actúe como interlocutor.

Horas después, dirigentes cajamarquinos dijeron que aceptaban la mediación del prelado, pero pidieron que se levante el estado de emergencia decretado por el gobierno en Cajamarca.

En tanto, miles de personas en el poblado de Celendín acompañaron el viernes el cortejo fúnebre de una de las víctimas de las protestas, desafiando el estado de emergencia que suspende derechos como el de reunión pública. La policía se limitó a observar la movilización.

"Invoco a la paz, el diálogo y a calmar los ánimos de una y otra parte... Estoy dispuesto a facilitar todo lo posible para un diálogo racional y equilibrado", declaró monseñor Cabrejos.

El gobierno ha buscado la ayuda de la Iglesia Católica para facilitar un entendimiento con los dirigentes, luego de una escalada de las tensiones a raíz de violentas protestas contra el proyecto Conga, y la consiguiente declaratoria del estado de emergencia para prevenir nuevos desórdenes.

"No cesaremos de buscar todos los espacios del diálogo... que se expongan en una mesa, de una manera transparente y participativa, los argumentos que todavía pudieran subsistir", manifestó Humala.

Yanacocha, la empresa operadora del proyecto Conga, y cuyo accionista mayoritario es la estadounidense Newmont, se declaró complacida por el anuncio de la mediación de la Iglesia, y expresó su confianza en que "monseñor Cabrejos llevará adelante esta tarea con la ponderación y la ecuanimidad que la situación requiere. Estamos dispuestos a colaborar en lo que podamos".

Un sector de la población de Cajamarca, principalmente del ámbito rural, se opone al desarrollo de Conga por considerar que afectará sus fuentes de agua y dañará irreversiblemente el medio ambiente.

El gobierno auspició un peritaje internacional al estudio de impacto ambiental realizado, y exigió a Newmont que haga algunos cambios para garantizar la provisión de agua, pero ello no ha calmado las protestas de los cajamarquinos.

El martes y miércoles en los poblados de Celendín y Bambamarca se suscitaron violentos choques entre manifestantes y la policía que dejaron cinco muertos civiles, incluido un menor de 17 años. Los cinco murieron por heridas de bala.

El organismo internacional Human Rights Watch demandó el viernes al gobierno peruano que lleve a cabo "una pronta, profunda e imparcial investigación" de las muertes ocurridas, así como del arresto del ambientalista y ex sacerdote, Marco Arana, quien denunció, tras su liberación el jueves, haber sido maltratado duramente por la policía.