La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Colombia rechazó hoy "con vehemencia" las amenazas de un grupo autodenominado "Ejército Antirrestitución de tierras" hacia defensores de derechos humanos y otros personajes de la vida pública.

El representante de la Oacnudh en Colombia, Todd Howland, reivindicó a través de un comunicado que los defensores y activistas deben ser "protegidos por el Estado" y "respetados por todas las personas de un país".

"Su trabajo es fundamental para lograr que se llegue al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, y sociales, económicos y culturales. La ONU respalda y valora su trabajo", afirmó Howland.

La oficina conoció el pasado miércoles un panfleto firmado por el Ejército Antirrestitución en el que amenazan a varios activistas y reclamantes de tierras y los acusó de "quitarle la tierra a los ciudadanos de bien para dársela a los guerrilleros".

Las amenazas estaban dirigidas al legislador Iván Cepeda; a la exalcaldesa Gloria Cuartas, la exsenadora y mediadora en más de una decena de liberaciones con las FARC, Piedad Córdoba; y a Lilia Solano, todos ellos miembros de la organización Colombianas y Colombianos por la Paz.

También son objetivos de las intimidaciones las abogadas del Colectivo José Alvear Restrepo (CCAJAR) Yessika Hoyos y Soraya Gutiérrez; los juristas del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) José Humberto Torres y Franklin Castañeda y Diego Martínez y Jeison Paba, del Comité Permanente de DD.HH. (CPDH).

Completan la lista la líder indígena Aida Quilcué, el líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movice), Pedro Cheney y el vocero en el departamento de Sucre de ese organismo, Juan Díaz Chamorro.

Algunos de los que aspiran a acogerse a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, promulgada en 2010 para devolver a los dueños los territorios usurpados en el marco del conflicto armado, habían denunciado ya la presencia de grupos ilegales dispuestos a frustrar la aplicación de esa ley.

Según Naciones Unidas, "la restitución de tierras es un mecanismo de reparación a graves violaciones de derechos humanos" y "miles de personas en Colombia fueron asesinadas, desaparecidas, amenazadas y desplazadas de sus territorios, en los últimos años".

Por eso, concluyó que "impedir el reclamo de estos derechos es un acto no solo ilegítimo sino que atenta contra los derechos de miles de colombianos" e instó al Estado a "investigar, juzgar y sancionar a los autores".