La Procuraduría General de Colombia anunció hoy que investigará a los congresistas y ministros implicados en la elaboración de una reforma judicial que, después de aprobada, fue archivada en medio de un gran escándalo, porque suponía blindar judicialmente a la clase política.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, tan solo indicó en el comunicado en el que anunció la investigación preliminar que abarcará a "funcionarios del orden nacional, entre ellos congresistas y ministros", sin dar nombres.

Sin embargo, los medios locales señalaron que pueden verse afectados Juan Carlos Esguerra, quien renunció al ministerio de Justicia a raíz de este escándalo, y el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, como impulsor del texto en el inicio de los debates.

El Congreso le dio el visto bueno el pasado 20 de junio a una reforma que buscaba agilizar la Justicia y a la que los legisladores habían introducido cambios de última hora en beneficio propio para blindar judicialmente a políticos y altos funcionarios.

Una semana después, el Legislativo se retractó en una sesión extraordinaria convocada por el presidente Juan Manuel Santos y archivó por unanimidad la iniciativa, que podría haber dejado en el limbo jurídico a unos 1.500 congresistas, exministros y otros altos funcionarios que son investigados y procesados por diversos delitos.

La nota de la Procuraduría explica que esta decisión responde al estudio de las "más de 25 quejas y denuncias presentadas por parte de la ciudadanía ante este ente de control" por la actuación de los funcionarios del Gobierno y el Congreso, quienes en plena polémica protagonizaron un cruce de acusaciones.

"Dado que las quejas obedecen a una actividad en la cual participaron varios funcionarios del orden nacional, la investigación preliminar se adelanta en averiguación de responsables, a fin de individualizar las posibles conductas atribuibles a cada servidor público", añade.

El Ministerio Público le solicitó al Senado y a la Cámara de Representantes que presenten un documento con los roles de los funcionarios en cada fase del acto legislativo, y le pidió a la Presidencia que entregue las objeciones al texto que presentó tras conocer los cambios subrepticios.

El procurador investigará también el documento por el cual Santos convocó sesiones extraordinarias al Congreso, pues algunos legisladores conservadores cuestionaron que el presidente tuviera competencia para hacerlo.

Una vez la Procuraduría analice estas pruebas previas, establecerá qué legisladores y funcionarios del Ejecutivo serán sometidos a sanciones disciplinarias.