Cuando Fernando Lugo ya no tenía a quien acudir en su solitaria batalla por conservar la presidencia, el ex obispo apeló a lo que muchos en América Latina consideran desde hace tiempo la autoridad suprema de la región.

Pidió ayuda del gobierno estadounidense.

Salió disimuladamente del palacio presidencial y se reunió por más de una hora con el embajador estadounidense James Thiesen mientras los legisladores se preparaban para entablarle al día siguiente un juicio político. Y mientras el líder de izquierda estaba almorzando con el embajador, la oposición derechista también se puso en contacto con la embajada estadounidense en las horas previas a la destitución del mandatario.

Los planteos que hicieron ambos bandos en estos momentos críticos, y la respuesta de Estados Unidos, son un misterio. Thiesen declaró a The Associated Press que no haría comentarios hasta que se difundiese el martes el informe de una delegación investigadora de la Organización de Estados Americanos.

En público, el Departamento de Estado se mantuvo neutral, por más que la destitución de Lugo conmocionó a Paraguay y líderes regionales hicieron presión sobre su pobre vecino, que carece de salida al mar, para evitar lo que ahora califican como un "golpe institucional".

¿Debería haber hecho más Estados Unidos por defender a Lugo, a pesar de que había perdido la confianza de casi todos los legisladores, con excepción de un puñado, en un país donde la constitución contempla la destitución del presidente por el "mal desempeño" de sus funciones con dos tercios de los votos en el Congreso?

Mucha gente en la región — en su mayoría izquierdistas — opina que sí, y algunos culpan a los estadounidenses por la caída de Lugo.

"El golpe de Estado en Paraguay se estaba preparando desde hace tiempo y es parte de la política continental impuesta por los Estados Unidos contra gobiernos democráticos, con la complicidad de los poderes económicos y políticos", afirmó el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien exhortó a toda la región a defender la democracia y devolver a Lugo a la presidencia.

El presidente venezolano Hugo Chávez fue aún más allá y sostuvo que la destitución de Lugo había sido una "decisión del Pentágono".

Otros no creen que Washington pudiera haber hecho la diferencia.

Las teorías de la conspiración abundan en Latinoamérica, pero la realidad es que no había mucho que pudieran hacer Estados Unidos y otros gobiernos para proteger a Lugo, según el ex diplomático estadounidense Arturo Valenzuela, quien opinó que la incapacidad del mandatario para hacer alianzas políticas lo expuso a lo largo de toda su presidencia a un juicio político.

Esto no quiere decir que el gobierno estadounidense no tenga que tratar de influir en los asuntos internos de otro país cuando puede promover una solución positiva a un problema, opinó Valenzuela, quien recordó un episodio en el que tuvo que defender personalmente a Lugo. Dijo que había sido "una de las tareas más difíciles" que tuvo como máximo diplomático del gobierno de Obama en América Latina.

"Pasé horas, hace dos años, con los líderes del Partido Colorado, sobre todo del Congreso, tratando de convencerlos de que no era una buena idea hacerle un juicio político al presidente. En ese momento en particular, de hecho, no se dio", expresó Valenzuela el viernes en el Diálogo Interamericano en Washington.

En esta ocasión, sin embargo, había un abrumador sentimiento entre los legisladores paraguayos de que era hora de acabar con el enigmático gobierno de Lugo. La votación fue 76-1 en la cámara baja para enjuiciarlo, y después de un apresurado juicio político al día siguiente, los senadores votaron 39-4 a favor de la destitución del presidente.

Lugo, cuya elección en 2008 con una ventaja de 10 puntos por encima de varios rivales puso fin a seis décadas de gobierno del Partido Colorado, era distante e incluso misterioso como gobernante. Casi nunca explicó sus decisiones y raramente hablaba con los medios de comunicación. Al final, después de que casi todos sus aliados paraguayos lo habían abandonado, sus intenciones eran aún más difíciles de entender. El cambió de rumbo varias veces, al decir que aceptaría el veredicto de juicio político para después desafiarlo.

Mientras que Estados Unidos se mantuvo al margen, otros países de la región intentaron salvar a Lugo. Y fracasaron. Los cancilleres de una docena de naciones de América del Sur en la organización UNASUR volaron juntos a Asunción para presionar a los legisladores paraguayos, y se encontraron con la defensa mucho más enérgica que la de Lugo a sí mismo contra el juicio político.

Los cancilleres de una decena de países de la Unión de Naciones Suramericanas viajaron juntos a Asunción para tratar de impedir la destitución del mandatario, y se encontraron con que estaban abogando con más fuerza contra la destitución que el propio Lugo.

El canciller venezolano Nicolás Maduro se reunió en privado con los cuatro jefes de las fuerzas militares paraguayas, lo que provocó acusaciones del nuevo gobierno de que exhortó a los líderes militares a usar la amenaza de la fuerza para impedir la destitución. El gobierno venezolano niega esos señalamientos.

Altos diplomáticos de Argentina y Brasil confrontaron al vicepresidente paraguayo Federico Franco, y supuestamente amenazaron con sanciones financieras si no suspendía la votación en el Congreso.

Los cancilleres visitantes hicieron un último intento de persuadir a los propios senadores, sin ningún resultado.

"Creo que está fuera de lugar que los cancilleres tengan tanta intromisión en los asuntos internos del Paraguay", dijo el senador Miguel Carrizosa del partido Patria Querida, quien describió la gestión como un "abuso de la diplomacia".

Cuando destituyeron a Lugo, Unasur y Mercosur suspendieron a Paraguay en represalia y Lugo pidió esta semana a la OEA que suspenda también a Paraguay, al tiempo que comparó el trato que le dieron con el recibido por Manuel Zelaya, el presidente hondureño sacado del país en pijamas en un golpe en el 2009. El episodio hondureño resultó muy problemático para los diplomáticos estadounidenses, que fueron acusados de no hacer lo suficiente para apoyar a un líder elegido democráticamente y los aliados que le quedan a Lugo en Paraguay están culpando también a los estadounidenses.

El gobierno de Barack Obama ha tomado distancia en este tipo de crisis políticas. En Libia, Egipto, Siria y ahora Paraguay, se ha remitido a las organizaciones regionales y los países vecinos, dejando que otros tomen la iniciativa al describir y defender lo que es mejor para la democracia.

Algunos partidarios de Lugo están furiosos con Estados Unidos por no hacer más.

"Nadie que diga defender la democracia puede tener una actitud contemplativa frente a lo ocurrido en 1933 en Alemania cuando Adolf Hitler hizo un golpe parlamentario o cuando en 2006 en Honduras hubo otro quiebre democrático", sostuvo Ricardo Canese, secretario general de la coalición de organizaciones y partidos de izquierda Frente Guasú (Frente Grande en idioma guaraní). "Si el gobierno de Barack Obama no condena a los golpistas que destituyeron a Lugo, si no condena esta actitud propia de una dictadura, será muy grave para Estados Unidos".

El Departamento de Estado se ha limitado a emitir unos pocos comunicados cautelosos, negándose a describir el juicio político como un golpe y sin criticar demasiado el apuro de los senadores por destituir al mandatario.

"Hemos estado siguiendo de cerca los acontecimientos en Paraguay y nos preocupa mucho la velocidad del proceso que desembocó en el juicio político", dice una declaración. Agrega que "Estados Unidos está muy interesado en el éxito de la democracia en Paraguay y se propone continuar actuando con los países del hemisferio para garantizar que las instituciones y los procesos democráticos sean preservados y reforzados".

La postura estadounidense obtuvo un apoyo clave esta semana de la Human Rights Foundation de Nueva York, organización sin fines de lucro que estudió a fondo al golpe de Honduras para la OEA y fue muy crítica del Departamento de Estado en esa ocasión.

"Lo que pasó en Paraguay no tiene nada que ver con lo que sucedió en Honduras hace tres años", afirmó Javier El-Hage, director de asuntos legales de la fundación, quien opina que el nuevo gobierno paraguayo debería ser reconocido plenamente.

"El presidente Lugo fue destituido legalmente, mediante un juicio político, convocado sobre bases ambiguas pero legítimas y constitucionales. Los principios, más que la política, son lo que deberían primar en las evaluaciones de la OEA y de los demás en la comunidad internacional".

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En este despacho colaboraron los reporteros de Associated Press Michael Warren desde Buenos Aires y Luis Alonso desde Washington.