A cinco se elevó el número de muertos en las protestas que convulsionan la región de Cajamarca por el rechazo de la población a un ambicioso proyecto aurífero, según informó el jueves el director regional de salud, Reynaldo Núñez.

En tanto en la madrugada del jueves fue liberado Marco Arana, un ex sacerdote que se ha constituido en un prominente ambientalista, y que fue arrestado el miércoles acusado de propiciar reuniones en la vía pública infringiendo el estado de emergencia decretado por el gobierno en la zona, que suspende los derechos de reunión y libre tránsito, entre otros.

Rocío Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo que el Arana tenía huellas de golpes en la espalda, pecho y rostro.

En tanto, Núñez, Director Regional de Salud de Cajamarca, confirmó el fallecimiento de una quinta persona, quien estaba herida tras los enfrentamientos con la policía el martes en la ciudad de Celendín, 580 kilómetros al noroeste de Lima, en donde murieron tres civiles.

La cuarta víctima falleció el miércoles en otros desórdenes suscitados en la ciudad de Bambamarca, también del departamento de Cajamarca.

Los pobladores cajamarquinos, mayormente del área rural, se oponen al desarrollo del proyecto minero Conga, de la estadounidense Newmont, pues temen que sus fuentes de agua sean contaminadas y destruidas.

Conga, el más grande proyecto minero peruano, supone el secado de cuatro lagunas para explotar oro y cobre en Cajamarca, donde la empresa explota la mina Yanacocha, actualmente la mayor mina de oro de Latinoamérica.

Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, y uno de los dirigentes de las protestas, volvió a fustigar el jueves al gobierno, y dijo que el proyecto Conga estaba "manchado de sangre" por la muerte de cinco personas.

"El estado de emergencia es la desesperación del gobierno porque no puede convencer (a la población), el uso de la fuerza es la desesperación, es la incompetencia, es la incapacidad", expresó Santos en rueda de prensa.

"Exigimos la renuncia inmediata del primer ministro Oscar Valdés y del ministro del Interior, Wilver Calle, por su manifiesta incapacidad política para resolver la conflictividad social que existe en esta región", dijo leyendo un pronunciamiento la legisladora Verónika Mendoza, en representación de un grupo de cuatro congresistas disidentes del partido de gobierno Gana Perú. Pidieron la suspensión temporal del proyecto minero para reducir la tensión social.

Los dirigentes anti Conga han dicho que no permitirán los trabajos que inició Newmont hace unos días para la construcción de cuatro gigantescos reservorios de agua, que prometió como compensación por la pérdida de las lagunas.

Roque Benavides, gerente general de minera Buenaventura, socio peruano de Newmont, dijo la víspera que la construcción de los reservorios continuará mientras el gobierno no les pida que paralicen los trabajos.

El gobierno alega que proyectos de la envergadura de Conga representan importantes ingresos por regalías al estado que servirán para cumplir su promesa de llevar desarrollo y mejorar la calidad de vida de los peruanos más pobres.