El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, que fuera titular del Interior, rechazó el jueves señalamientos de haber tenido presuntos vínculos con paramilitares y denunció ser víctima de un complot por parte de un pariente del ex mandatario Alvaro Uribe.

Vargas Lleras es el primer miembro del gabinete del presidente Juan Manuel Santos a quien se le abre una averiguación preliminar y disciplinaria en la Procuraduría General por presuntos lazos con paramilitares.

Vargas, un veterano político liberal, acudió en la jornada a la sede de la Fiscalía General, que es la instancia que lleva averiguaciones de tipo penal, para denunciar que todo el caso en su contra era tramado por Santiago Uribe, hermano del ex mandatario (2002-2010) y su hoy enemigo político.

Vargas dijo que acudió a la Fiscalía para que se investigue "si es cierto o no que detrás de este complot está vinculado el señor Santiago Uribe Vélez". Asimismo pidió que se establezca quiénes financiaron lo que calificó como "un ardid" en su contra.

"Quien estuvo al frente de ese operativo es el señor Santiago Uribe", dijo el ministro a los reporteros a la salida de la Fiscalía.

El ministro no precisó qué clase de evidencias o pruebas tenía para su denuncia y sólo comentó que tenía testimonios que en ese sentido le merecían credibilidad.

"Pero yo cómo puedo hacer para llegar a la Procuraduría y hacer un complot contra el doctor Vargas Lleras", se defendió Santiago Uribe en diálogo telefónico al negar los señalamientos.

Dijo que le preocupaba la sindicación de Vargas, y pidió que si a él se le investiga, lo mismo debería suceder con el titular de la cartera de Vivienda.

La investigación de la Procuraduría General al ministro Vargas se refiere a hechos supuestamente ocurridos cuando era senador, al menos de 2002 a 2008.

"El Ministerio Público busca establecer si en su condición de congresista el señor Vargas Lleras incurrió en conducta irregular al haber presuntamente sostenido nexos con organizaciones armadas ilegales", dijo la Procuraduría en un comunicado, sin ofrecer detalles del caso.

Santiago Uribe también tiene desde hace al menos dos años averiguaciones preliminares abiertas en la Fiscalía por denuncias de apoyo a grupos paramilitares, pero hasta ahora no se ha dispuesto abrir un caso formal en su contra.

Todo el capítulo del ministro Vargas y sus denuncias son el más reciente episodio de una rivalidad cada vez más acentuada entre el ex presidente Uribe y su sucesor Santos por temas que comenzaron siendo críticas del ex mandatario, por lo que considera un debilitamiento de la seguridad pública en el país, y más recientemente por reformas al sistema judicial aprobadas por el Congreso que causaron una ola de críticas de los medios y la sociedad civil y obligaron a Santos a pedir que los legisladores archivaran las modificaciones.

Santos cuenta con mayorías en el Congreso y aunque el capítulo de la reforma al sistema judicial fue una de las causas para un descenso de 16 puntos en su popularidad, para ubicarse en 48% en junio, y lesiones en sus lazos con el Legislativo, el mandatario ha dicho que ni le mortifican las encuestas ni puede dedicar tiempo a pelearse con su antecesor porque no conviene al clima institucional de un país.

En Colombia, la Procuraduría investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos y sus sanciones pueden conllevar a la destitución y prohibiciones para ocupar cargos públicos.