El Parlamento Europeo (PE) rechazó hoy la propuesta de la Comisión Europea (CE) de congelar las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) a los países que incumplan los objetivos de déficit fijados por Bruselas.

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del PE aprobó hoy un informe que se opone a dicha medida, con la intención de enviar "un fuerte mensaje" a los Veintisiete sobre la importancia de los fondos con fines sociales, según explicó la autora del documento, la eurodiputada francesa Elisabeth Morin-Chartier.

El informe discrepa en tres puntos fundamentales con la propuesta inicial de la CE, que ya cuenta con el respaldo de los Estados miembros, señaló Morin-Chartier.

En primer lugar, rechaza la llamada cláusula de "condicionalidad macroeconómica", que contempla la suspensión de las ayudas de la UE a los países con procedimientos abiertos por incumplimiento de los objetivos de déficit marcados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) si no corrigen su situación.

Veintiún de los 27 países miembros de la UE tienen procedimientos abiertos por déficit excesivo. Sólo Alemania, Bulgaria, Luxemburgo, Estonia, Suecia, Finlandia no superan los límites establecidos.

La suspensión de las ayudas de la UE se aplicará al Fondo de Cohesión (FC), al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

El informe sólo rechaza la aplicación de esta cláusula al FSE, unas ayudas destinadas a la educación, el empleo, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral y la integración social.

La privación del FSE "solo puede tener el efecto de penalizar aún más a los Estados miembros que atraviesan dificultades económicas o presupuestarias, además de reducir sus oportunidades de recuperación a largo plazo", señala el informe.

Asimismo, la Eurocámara respalda que un mínimo del 25 % del presupuesto total de los fondos de cohesión -en los que se integra el FSE- sean destinados exclusivamente a éste último.

De este modo, los eurodiputados quieren garantizar que una parte importante de los fondos de cohesión se dedique "a la formación profesional y el empleo" en lugar de a "proyectos basados en el cemento", algo que consideran "fundamental en un período de crisis", según dijo Morin-Chartier.

Según la propuesta del Ejecutivo comunitario, los fondos de cohesión contarán con un presupuesto de 376.000 millones de euros para 2014-2020, lo que supondría que unos 84.000 millones irían a parar al FSE.

Aunque el informe del PE establece la proporción mínima que deberá destinarse a los fondos sociales, la cuantía final tanto de estas ayudas como de los fondos de cohesión dependerán del marco financiero plurianual de la UE, que será negociado por los Veintisiete en el recién comenzado semestre.

Por último, la Eurocámara propone que el 20 % de la dotación del FSE se dedique exclusivamente a iniciativas de inclusión social y a la lucha contra la pobreza.

El informe deberá ahora ser votado en la sesión plenaria de la Eurocámara, lo que esta previsto para el próximo mes de octubre.