Las persistentes protestas contra un millonario proyecto minero aurífero, que ya provocaron tres muertos, hacen difícil de prever si el gobierno del presidente Ollanta Humala logrará hacerlo viable.

El gobernante se vio obligado a declarar, por segunda vez en menos de cinco semanas, el estado de emergencia por 30 días en tres provincias de la región de Cajamarca, para recuperar el orden interno y prevenir nuevos desórdenes.

Los pobladores de Celendín, a 580 kilómetros al noroeste de Lima, así como de Cajamarca y Hualgayoc, se oponen al proyecto minero Conga, de 4.800 millones de dólares, porque temen que contamine y destruya sus fuentes de agua.

Los dirigentes de las protestas contra el proyecto minero, de la estadounidense Newmont, habían advertido un "derramamiento de sangre" si es que se iniciaban los trabajos de construcción de cuatro reservorios de agua, prometidos por la empresa como compensación ante la necesidad de secar cuatro lagunas para explotar oro y cobre.

Humala respondió advirtiéndoles que debían "atenerse a las consecuencias" si atentaban contra la propiedad privada.

El martes miles de manifestantes atacaron el local de la municipalidad provincial de Celendín aparentemente como represalia porque el alcalde Mauro Arteaga había expresado su respaldo a Conga. Tres civiles, incluido un menor de edad, murieron en los enfrentamientos con la policía y efectivos del ejército, que intervinieron también para repeler a los enardecidos pobladores.

De momento, el diálogo entre el gobierno y los dirigentes es nulo sin visos de solución.

"Están en posiciones extremas ambos lados, y hay muertos, lo que hace más complicado el asunto", dijo a la AP el analista político Santiago Pedraglio.

"Quizás como posibilidad remota (la solución) es que ingrese un intermediario externo, como se ha sugerido en algún momento, algún representante de la Iglesia, pero aún en ese caso soy escéptico", comentó.

Amnistía Internacional expresó el miércoles su preocupación "por el creciente nivel de conflictividad social" en Perú, y dijo que ello abre la puerta a posibles graves violaciones de los derechos humanos.

Instó a los dirigentes sociales a impedir las manifestaciones violentas, y al gobierno a prohibir a las fuerzas policiales a usar armas de fuego salvo que sea estrictamente necesario.

Al parecer el ejecutivo, tras auspiciar un peritaje internacional al Estudio de Impacto Ambiental para dar tranquilidad a los pobladores, y luego de obtener de Newmont el compromiso de asegurar que la población no pierda agua como temen, está dispuesto a asumir una posición más dura y represiva a fin de permitir la viabilidad del proyecto.

El miércoles la policía arrestó a Marco Arana, un ex sacerdote católico devenido en defensor de las protestas contra Conga.

"Los peruanos ya no podemos estar soportando que algunos malos dirigentes estén empujando a la población a hacer actos de violencia", había manifestado el martes el jefe del gabinete Oscar Valdés. Entonces demandó de la policía, procuradores, fiscales y jueces a actuar prontamente y con severidad para denunciar y encausar a los promotores de las protestas.

En el Congreso, la mayoría de parlamentarios respalda la decisión del gobierno de declarar el estado de emergencia.

El congresista Humberto Lay, del partido opositor Alianza por el Gran Cambio, dijo el miércoles que ante "posiciones intransigentes, ideologizadas", de los dirigentes en Cajamarca "no hay diálogo posible, no hay liderazgo posible".

Para el ex ministro Absalón Vásquez la situación en Cajamarca se debe a la suma de varios factores como la pasividad del gobierno para prevenir la conflictividad, la sensación de abandono de la población por el gobierno, promesas incumplidas, y problemas como desnutrición, y falta de servicios básicos e infraestructura.

"Se ha llegado a esta situación por una alta indignación hacia el gobierno actual... Por ganar las elecciones, hicieron una serie de promesas, unas irracionales lógicamente, y al final están en esta situación", dijo Vásquez a la AP.

Los contrarios al proyecto aurífero llaman "traidor" a Humala y le critican el haber olvidado sus promesas electorales de defender el agua por sobre cualquier actividad minera.

Las poblaciones que protestan actualmente contra la minería constituyen el sector de la población del que Humala obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales de 2011.

Pero apenas asumió el mando en julio del año pasado, Humala empezó a moverse más al centro del espectro político, y ha asumido según observadores, una actitud pragmática que lo lleva ahora a defender la actividad minera, cuyas exportaciones representan el 60% de las ventas totales y son el motor de la economía peruana.

"El señor presidente o el gobierno debió haber ido allá a Cajamarca. (y decir) 'Señores, la posición del gobierno es ésta, porque es lo que conviene más al país'. Ningún ministro ha ido al campo a dar la cara... El estado no ha tenido presencia. Se ha quedado pasivo", dijo Vásquez.

La posición actual de Humala de apoyo a la minería le ha generado problemas no solo en Cajamarca, sino en otras regiones como Espinar, en el sudeste peruano, donde una violenta protesta antiminera de campesinos que dejó dos muertos a fines de mayo, llevó al gobierno a declarar un estado de emergencia de 30 días.

Humala justifica su apoyo a Conga diciendo que proyectos de esa envergadura representan importantes ingresos por regalías al estado que servirán para cumplir su promesa de llevar desarrollo y mejorar la calidad de vida de los peruanos más pobres, que no se han visto aún beneficiados por el despegue y crecimiento económico mostrado por Perú en la última década.