El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, sancionó hoy una reforma al Código Penal (CP) que duplica las penas de prisión para los delitos de droga, posesión, tráfico de armas, explosivos, apropiación y sustracción violenta de material ilícito cuando se usan menores de edad o discapacitados.

Entre los cambios introducidos al CP se establece que quien con fines ilícitos de comercialización compre, venda, adquiera, permute, almacene o traspase droga, a cualquier título, será sancionado con prisión de 10 a 15 años (actualmente la pena es de 8 a 15 años), según un comunicado oficial de la Presidencia.

Esta pena "se duplicará cuando se utilice a un menor de edad o a una persona con discapacidad o estado mental alterado; se efectúe en centros de educación, deportivos, culturales, carcelarios, de espectáculos públicos o en sitios aledaños a los anteriores", apunta.

También se duplicará la pena cuando el infractor sea docente o empleado de planteles de educación pública o privada; cuando se intimide con violencia y arma y se use la condición de funcionario.

A estas conductas y otras, si son cometidas por jefes de bandas o pandillas, se le aumentará la pena hasta 25 años, informó en su momento la Asamblea Nacional (AN) al aprobar este proyecto de ley.

También endurece las penas a los servidores públicos que para su propio beneficio den a conocer información confidencial relacionada con sustancias químicas o precursoras.

La nueva norma añadió un artículo al CP que aumenta la pena de prisión para el servidor que oculte, desaparezca evidencias de delitos relacionados con drogas, instaurando una pena de 5 a 10 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años.

Además, endurece las sanciones penales en los Delitos contra la Seguridad Colectiva y sube la pena de prisión a quien posea o porte ilegalmente un arma de fuego, de ocho a diez años (antes era de cuatro a seis años), con una agravante en caso de que sean utilizadas para labores de seguridad privada (de diez a doce años).

La sanción se aumentará de un tercio a la mitad, "si el arma es prestada o se permite su uso o es entregada a una persona menor de edad o a una persona con antecedentes penales", acota, entre otras modificaciones orientadas a perseguir el narcotráfico.

La nueva norma, aprobada en sesiones extraordinarias por la AN de Panamá el pasado 5 de junio, recibió la firma también del ministro panameño de Seguridad Pública, José Raúl Mulino.