El plan del presidente egipcio, Mohamed Mursi, para sus primeros cien días en el gobierno excluye cuestiones relacionadas con los derechos humanos, lamentaron hoy cerca de una veintena de organizaciones no gubernamentales (ONG).

En declaraciones a Efe, el director del Instituto de El Cairo para el Estudio de los Derechos Humanos, Bahey el Din Hasan, se mostró "sorprendido" por la ausencia de ese tipo de asuntos en el programa de Mursi, el primer mandatario elegido tras la revolución que desbancó del poder a Hosni Mubarak en febrero de 2011.

"Mursi manda así un mensaje muy negativo para los grupos de derechos humanos, pero también para quienes trabajaron duro por la revolución", enfatizó Hasan.

Un total de 17 organizaciones presentaron hoy una lista de prioridades en materia de derechos humanos que deberían guiar la política del nuevo presidente egipcio, quien juró su cargo el pasado sábado.

Estos grupos criticaron que el plan de gobierno de Mursi no busque mejorar los derechos políticos y civiles de los egipcios, ni plantee soluciones a cuestiones como las leyes pendientes de aprobación en el Parlamento, cuyo poder legislativo ostenta actualmente la Junta Militar tras la disolución de la cámara baja el pasado 16 de junio por irregularidades en su formación.

Asimismo, las organizaciones pidieron a Mursi que cumpla con sus promesas de respetar la libertad religiosa, fomentar la participación de la mujer en la política, e implantar las convenciones internacionales de derechos humanos ratificadas por Egipto.

Hasan destacó que el presidente debería solicitar a la Justicia Militar que traspase a la Fiscalía Pública los casos de civiles que ha estado juzgando y suspenda la aplicación de penas de prisión o de muerte para los menores de edad.

En ese sentido, consideró necesario que Mursi libere inmediatamente a todos los presos de conciencia y que la Fiscalía revise los casos de civiles condenados por la vía militar y decida volverlos a juzgar por lo civil o proceder a su liberación.

Se calcula que más de 12.000 civiles fueron juzgados por tribunales castrenses en Egipto entre febrero y septiembre de 2011, mientras continuaban la represión de las protestas y las torturas en comisarías y cárceles, según los grupos de activistas, que exigen un cambio de política para garantizar los derechos humanos en el país.