Los demandantes ecuatorianos están dispuestos a un arreglo extrajudicial con la empresa estadounidense Chevron en un reclamo por contaminación, pero el vocero de la petrolera afirmó el miércoles que difícilmente se aceptaría un acuerdo en un juicio que la sentenció a pagar 18.000 millones de dólares como indemnización.

El abogado de los demandantes, Pablo Fajardo, consultado por la AP acerca de un posible acuerdo extrajudicial, respondió que "las víctimas han dicho que pudiesen conversar o aceptar un acuerdo que cubra la reparación total del daño causado y eso marca una línea directa hacia donde queremos ir nosotros ... decir una cifra podría ser aventurado".

Aclaró que "hemos dicho y mantengo que tenemos una sentencia ejecutable y la vamos a ejecutar, si existe la opción de un acuerdo extrajudicial está en la cancha de Chevron, no en nuestra cancha".

El grupo de demandantes inició en las últimas semanas procesos ante la justicia de Canadá y de Brasil para cobrar la millonaria sentencia a través de los activos de las subsidiarias de Chevron. Los dos procesos deben ser inicialmente calificados por las cortes de esos países.

El vocero de la empresa Chevron para Latinoamérica, James Craig, dijo en diálogo con corresponsales que "no quisiera cerrar la puerta a toda posibilidad de arreglo extrajudicial, para poner fin a esto, pero difícilmente se puede llegar a un acuerdo con personas que han cometido una serie de actos ilícitos durante todo el proceso judicial".

Aclaró que "cualquier acuerdo extrajudicial al que se podría llegar, necesariamente tendría que involucrar al estado ecuatoriano para que asuma su responsabilidad y cumpla con sus obligaciones ante sus propios ciudadanos de esa zona", contaminada en la amazonia norte del país.

Chevron fue involucrada en este caso debido a que compró Texaco en el 2001 y asumió sus responsabilidades. Texaco operó entre 1972 y 1990 campos petrolíferos en Ecuador, luego de lo cual ejecutó trabajos de remediación ambiental, que fueron aprobados por el estado que la liberó de toda responsabilidad en 1998.

Durante las operaciones, Texaco operaba en consorcio con la entonces estatal Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (Cepe) que más tarde se transformó en Petroecuador. Texaco tenía 27,5% de las acciones y Cepe 62,5%, por lo cual ahora Chevron reclama la responsabilidad del estado.

La demanda contra Texaco inició en 1993, cuando 88 ecuatorianos presentaron ante una corte federal de Texas una demanda por daño ambiental. En 1994, el mismo grupo presentó una demanda ante tribunales de Nueva York. Ambas cortes desecharon la demanda, que finalmente recayó en la corte de la provincia de Sucumbíos, que tardó 18 años en dictar la sentencia disponiendo el pago de 18.000 millones de dólares para remediar los daños ambientales.

La sentencia está en fase de casación ante la Corte Nacional de Justicia, lo que implica la revisión formal del proceso para verificar que no se hayan producido violaciones a los derechos de los protagonistas del proceso.

En la ciudad de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, se encuentran los principales yacimientos petrolíferos del país.

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Gonzalo Solano está en Twitter como https://twitter.com/GESolano