La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) rechazó una petición de dos organizaciones no gubernamentales de El Salvador contra un recurso del Parlamento por la anulación de las elecciones de magistrados del Poder Judicial salvadoreño, informó hoy una de esas agrupaciones.

El director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, confirmó a periodistas en San Salvador la decisión que tomó ayer la CCJ, con sede en Managua, porque los solicitantes no son órganos del Estado ni partes en la crisis entre el Parlamento y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Corte Centroamericana "nos está diciendo que no somos parte agraviada en esta situación que está viviendo El Salvador" y que "sólo los órganos del Estado pueden presentar demandas ante la CCJ", dijo Villalta.

La ISD y la Coalición para la Reforma Política y Electoral (CRRE) pidieron el 21 de junio a la CCJ no admitir el "recurso de conflicto" que la Asamblea Legislativa interpuso contra la Sala de lo Constitucional de la CSJ por haber anulado la elección de jueces.

Sin embargo, ese mismo día la Corte regional admitió el recurso del Parlamento salvadoreño y, mientras da su fallo, dictó la suspensión de las sentencias que la Sala emitió el 5 de junio.

Villalta aseveró que la CCJ "muestra parcialidad" al haber rechazado el recurso de ISD y CRRE, y anticipó que "no puede ser confiable" su sentencia sobre el conflicto salvadoreño.

La magistrada suplente de El Salvador Silvia Guillén renunció de la CCJ en rechazo a su decisión contra los fallos de inconstitucionalidad.

La intervención de la CCJ también es rechazada por la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha), gremios empresariales, fundaciones privadas y otros sectores que apoyan la anulación de las elecciones de magistrados hechas por el Parlamento en 2006 y el 24 de abril pasado.

Por el contrario, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y varios partidos minoritarios de derecha, que impulsaron el recurso ante la CCJ, sostienen que los magistrados fueron elegidos legalmente.

La Sala anuló las elecciones de jueces porque una misma legislatura no puede hacerlo en dos ocasiones y ya se había cumplido la primera, aunque la Constitución salvadoreña no establece en qué período debe realizarse ese proceso.

Cada tres años debe elegirse a cinco de los 15 miembros de la CSJ, que cumplen períodos escalonados de nueve años.

Como consecuencia del conflicto, la CSJ está prácticamente dividida entre los 10 magistrados afectados por los fallos y los cinco de la Sala Constitucional, dirigida por el presidente del Supremo, Belarmino Jaime.

El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, reconoció el lunes que, al margen de lo jurídico, en la crisis "hay un problema político de distribución de cuotas de poder" entre el FMLN, ARENA y grupos afines.

Funes achacó el origen del conflicto a sectores "de derecha" que impugnaron la elección de magistrados.

Sin embargo, para el jefe de la bancada de ARENA, Donato Vaquerano, lo que hay es "una lucha de poder" que "está manteniendo el FMLN con la intención de saltar sobre las instituciones del Estado y apoderarse de ellas".

"Lo que se va estableciendo con mayor claridad es que hay bandos" en el conflicto, comentó hoy a periodistas el diputado Francisco Merino, del minoritario Concertación Nacional, aliado del FMLN en este caso.

Un aspecto paradójico, señalado por sectores políticos y medios locales, es que las actuales posiciones de ARENA y el FMLN son diametralmente opuestas a las que mantenían cuando estaban en el poder y la oposición, respectivamente.

ARENA reconoce que cuando controlaba el Parlamento eligió en una misma legislatura a los magistrados de 2003 y 2006, pero ahora apoya las sentencias que anularon esa práctica.

El FMLN hoy defiende la designación de magistrados de 2006, pero cuando ésta se hizo la calificó de "inconstitucional" porque la misma legislatura ya había elegido en 2003.