La Comisión de Constitución y Justicia del Senado brasileño aprobó hoy por unanimidad el proceso de destitución de un senador acusado de corrupción, por lo que la sanción sólo depende ahora de la votación la próxima semana en el pleno de la Cámara alta.

Los miembros de la comisión legislativa, por 22 votos a favor y ninguno en contra, consideraron totalmente constitucional el proceso iniciado por el Consejo de Ética del Senado para despojar al senador Demóstones Torres de su mandato luego de que se le acusara de vínculos con el supuesto jefe de una mafia del juego ilegal.

Según el ponente del informe que declaró la constitucionalidad del proceso y que fue respaldado por los otros integrantes de la comisión, senador Pedro Taques, todos los ritos constitucionales fueron respetados por el Consejo de Ética del Senado, incluso la garantía de amplia defensa que se le ofreció al acusado.

Luego de que los integrantes de esta comisión declararan legal la recomendación del Consejo de Ética para destituir al senador, la sanción máxima tan sólo depende ahora de la votación programada para el próximo miércoles en el pleno del Senado.

Pese al respaldo unánime hoy de los senadores al proceso contra el colega, el resultado de la sesión de la próxima semana en el pleno despierta dudas debido a que la votación es secreta y a que en procesos similares anteriores los legisladores han absuelto a sus colegas.

El senador sólo podrá ser destituido en caso de que 41 de los 81 senadores aprueben la recomendación del Consejo de Ética.

Torres está acusado de formar parte de una red de corruptelas supuestamente tejida por Carlos Augusto Ramos, un empresario más conocido como "Carlinhos Cachoeira" y detenido desde febrero pasado como supuesto capo de esa mafia, que centra sus negocios en el juego y las apuestas ilegales.

El senador, que era del opositor Partido Demócratas y renunció a esa formación por las acusaciones, era considerado un adalid de la ética debido a que constantemente presentaba en el Senado denuncias de corrupción contra miembros del Gobierno.

La divulgación de grabaciones de llamadas telefónicas en las que Torres aborda iniciativas legislativas que pueden favorecer a Cachoeira desmontó la imagen de enemigo de la corrupción que el legislador había construido tanto en su carrera como fiscal como en la de legislador.

Las relaciones del jefe mafioso con diferentes políticos y empresarios son investigadas actualmente por una comisión especial del Congreso en un proceso que ha salpicado entre otros a los gobernadores de Brasilia, Agnelo Queiroz, y de Goiás, Marconi Perillo.

Queiroz, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y acusado de haber beneficiado a Cachoeira en licitaciones de obras públicas, dijo ser víctima de una "persecución" por parte de las mafias del juego ilegal.

Perillo, dirigente del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), admitió contactos con el supuesto mafioso, pero negó haberlo favorecido.