Los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Bignone, junto con otros ex miembros de las Fuerzas Armadas oirán el jueves sus sentencias por su presunta participación en el robo de 34 bebés nacidos de mujeres cautivas durante el régimen de facto de 1976-1983, al culminar un proceso iniciado en febrero de 2011 y considerado histórico por los organismos de derechos humanos.

Los bebés fueron arrebatados a sus madres biológicas, todas ellas militantes políticas detenidas, y luego adoptados ilegalmente por otras familias.

Es la primera vez que se juzga a los jerarcas de la dictadura y a sus subalternos por ejecutar un plan sistemático de apropiación de menores — un crimen que no tuvo igual entre los demás regímenes dictatoriales de los años 70 en América Latina — que era parte de una estrategia más amplia de represión ilegal contra la subversión en la década de 1970.

Organismos de derechos humanos denunciaron la desaparición de 30.000 personas durante el régimen de facto — los registros oficiales sólo dan cuenta de 13.000 casos_, entre ellas muchas embarazadas que dieron a luz en cautiverio. En general los bebés eran entregados a militares u allegados, quienes los inscribían con su apellido y una fecha diferente de nacimiento para no dejar rastros.

Según Abuelas de Plaza de Mayo, unos 500 niños nacieron en cautiverio o fueron secuestrados con sus padres, de los cuales la organización humanitaria ha restituido la identidad a 106.

La Fiscalía solicitó 50 años de prisión, la máxima pena prevista por la legislación argentina, para Videla y Bignone por los delitos de retención y ocultación de un menor, alteración del estado civil y falsificación de documentos públicos. Ambos ya cumplen condenas a cadena perpetua por otros crímenes de lesa humanidad.

"Sería muy valioso y un hecho histórico que el tribunal declare expresamente que durante la dictadura hubo un plan sistemático de robo de niños y establezca responsabilidades, porque entendemos que es un crimen característico del régimen autoritario de Argentina y los distingue de otras dictaduras de la región", dijo a AP Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo.

"Sostuvimos a lo largo del juicio que la apropiación de niños fue una forma de perfeccionar la desaparición de los padres... Devolver a sus hijos nacidos en cautiverio era dejar en evidencia que estaban en algún lado detenidos y reconocer el reclamo de sus familiares", explicó.

Aquellos bebés hoy adultos que lograron recuperar su verdadera identidad y las Abuelas de Plaza de Mayo que los buscaron incansablemente ofrecieron desgarradores testimonios a lo largo de más de un año de audiencias.

Francisco Madariaga, de 35 años, nació en la maternidad clandestina de Campo de Mayo, uno de los más grandes centros de detención y tortura durante el régimen. Allí estaba prisionera su madre Silvia Quintela, una militante del grupo izquierdista Montoneros secuestrada por miembros de las Fuerzas Armadas en 1977 y aun hoy desaparecida.

En este juicio están acusados el ex general Santiago Riveros por el secuestro de Quintela, quien permanece desaparecida, el ex capitán Víctor Gallo y su mujer Susana Colombo, por la apropiación ilegal de su hijo.

"Que la condena sea ejemplar", pidió Madariaga, quien recuperó su identidad en 2010 tras someterse a un examen de ADN.

"Yo era su juguete de guerra", reflexionó sobre su padre apropiador.

También fue clave el testimonio del ex subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de Estados Unidos, Elliott Abrams, quien afirmó que su gobierno sabía que el robo de bebés no era una práctica aislada sino un plan urdido por los militares argentinos que consideraban a las familias biológicas de los detenidos como "comunistas" y por ello mismo no aptas para criar a esos niños.

El fiscal Martín Niklison argumentó durante su alegato que "ha quedado demostrado con total certeza de que no se trató de conductas ocasionales y que en distintos lugares existieron estructuras montadas para llevar a cabo la sustracción de los menores".

Videla, de 86 años, negó la existencia de un plan sistemático de robo de bebés nacidos de mujeres cautivas y calificó a las parturientas como combatientes que usaron a sus hijos embrionarios de "escudos humanos" en la lucha armada.

"Nunca hubo una orden de sustraer menores. No niego que haya habido irregularidades, pero por falta de control específico en el territorio", sostuvo el ex presidente de facto entre 1976 y 1981.

Los ex miembros de las Fuerzas Armadas acusados de crímenes de lesa humanidad mantienen silencio sobre la cifra y el lugar donde están enterradas las víctimas de la represión. Los mismo respecto al destino de cientos de niños robados.

Sólo 26 del total de casos analizados en este juicio corresponde a hijos que recuperaron su identidad.

"Hay duelos que nunca se pudieron realizar como consecuencia de la metodología represiva de la dictadura. El horror de esos años no pertenece aún al pasado", destacó el fiscal.