El Ministerio de Defensa de Ecuador anunció hoy que está revisando las más de 30 empresas de propiedad militar en el país, desde camaroneras hasta hoteleras, y que prevé deshacerse de algunas de ellas y de ciertos terrenos por no estar vinculados con la seguridad y por sus malos resultados.

"Hay que desacelerar la desinversión en varias empresas que han arrojado pérdidas", dijo el ministro Miguel Carvajal, que puso como ejemplo a Maresa, una compañía de ensamblaje de vehículos, y a empresas agrícolas que no nombró.

La red empresarial de las Fuerzas Armadas surgió en los años 70 por los problemas presupuestarios de la entidad y por el deseo de los regímenes militares de la época de intervenir en las áreas estratégicas, explicó Carvajal en un encuentro con la prensa extranjera.

Varios gobiernos ecuatorianos han intentado eliminar la presencia militar en compañías fuera del ámbito de la defensa, pero hasta ahora sin éxito.

En abril pasado, el presidente Rafael Correa afirmó que las empresas que no tengan relación con la defensa deben pasar a manos civiles, como dicta la Constitución, aprobada en 2008, según dijo.

Por ello, el Ministerio de Defensa ha iniciado una revisión de la rentabilidad y el área de actuación de esas compañías.

"Las empresas deficitarias no hay que mantenerlas", dijo Carvajal, quien explicó que, además, el Ministerio procurará que las que se mantengan "tengan que ver con la defensa".

Más de 30 empresas forman parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas desde 2010 y con ellas el Ministerio será "un poco más flexible" respecto a su área de actividad, dijo.

En cambio, las que están adscritas al Ministerio directamente tendrán que tener una vinculación "exclusiva" con la defensa "o la proyección estratégica de la defensa", explicó Carvajal.

Entre las que se quedarán mencionó la aerolínea Tame, la fábrica de municiones Santa Bárbara, los astilleros Astinave y la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), que son empresas públicas.

Además, el Ministerio constituirá como empresa pública para mantener a Diaf, una entidad de la fuerza aérea que repara aviones militares y civiles, dijo Carvajal.

Entre las compañías en revisión figuran también el Hotel Marriott de Quito y empresas bananeras y agrícolas en general.

Además, el Ministerio también estudia qué hacer con cerca de un centenar de terrenos en todo el país, algunos donados al estamento militar en herencias.

"Aquellas tierras que no cumplan una función para las tareas de seguridad serán tierras que se pasen al Ministerio de Agricultura o a los municipios", dijo Carvajal.

En su intervención de abril, Correa dijo que las Fuerzas Armadas de su país cuentan con "grandes haciendas" que deben pasar a manos de los "campesinos, de los más pobres, de los que más necesitan esa tierra".

Carvajal aclaró que entre ese casi centenar de terrenos hay algunos que son pequeñas extensiones.