La ONU pidió hoy a las autoridades bolivianas que traten con "imparcialidad" y "transparencia" el proceso judicial por supuesta corrupción al gobernador de la región de Santa Cruz, el opositor Rubén Costas, que ha denunciado ser víctima de un "plan macabro" del Gobierno para destituirlo.

La oficina de Naciones Unidas en La Paz se pronunció en ese sentido en un comunicado en el que también hace notar la "frecuencia de casos judiciales que involucran a funcionarios electos y personalidades políticas de la oposición".

"Naciones Unidas desea manifestar su recomendación, nuevamente, de que los mismos sean tratados por las autoridades competentes en un marco de estricto apego a la imparcialidad, presunción de inocencia, debido proceso y con la más alta transparencia, según establece la Constitución", indica el comunicado.

Costas es el último de los gobernadores opositores electos que sigue en el cargo, después de que sus colegas de las regiones de Tarija, Mario Cossio, y de Beni, Ernesto Suárez, fueron suspendidos en 2010 y 2011, respectivamente, también por denuncias realizadas por el Gobierno y el partido del presidente Evo Morales.

El gobernador cruceño es acusado por la Fiscalía de la supuesta malversación de 1,4 millones de dólares por financiar en Santa Cruz en 2008 un referendo sobre estatutos autonómicos regionales, pero que en su momento Morales tildó de proceso separatista.

La Fiscalía debe presentar ante la Asamblea Legislativa de Santa Cruz la acusación formal contra Costas que podría ser suspendido del cargo, aunque su partido tiene control mayoritario del órgano.

Morales ha pedido que si Costas es suspendido, el sustituto sea de su mismo partido y no del gobernante Movimiento Al Socialismo.

El dirigente opositor ha negado haber cometido actos de corrupción y dijo que no cree que el oficialismo se anime a "descabezar" la gobernación de Santa Cruz con ese "plan macabro".

"No me iré nunca de Santa Cruz ni de mi pueblo. A mí no me harán huir porque prefiero ir preso mil veces si es por defender los intereses y valores de mi pueblo", dijo Costas a la prensa.

La oposición y organismos de derechos humanos acusan a Morales de manipular a la mayoría de los jueces y fiscales, lo que, aseguran, impide procesos justos e imparciales y ha llevado a decenas de políticos y empresarios a buscar refugio o asilo político en Brasil, Estados Unidos, España, Paraguay y Perú.