El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Óscar Luna, instó hoy al Parlamento, el Poder Judicial y a los partidos políticos a deponer sus intereses para resolver la crisis por la anulación de la elección de 20 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y propuso su ratificación.

Las declaraciones de Luna tienen lugar después de que anoche la Asamblea Legislativa aprobara una disposición transitoria en la ley del órgano Judicial para permitir que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo constituyan ocho de sus 15 magistrados y se reúnan sin necesidad de convocatoria de su presidente y en cualquier lugar, con el fin de "facilitar la instalación" de la corte.

Luna planteó, en rueda de prensa, que la solución de este conflicto sería que la Asamblea Legislativa ratificara a los magistrados porque no se les cuestiona a ellos, sino el procedimiento de su elección.

Además, hizo "un llamado a la reflexión" al órgano Judicial, a la Asamblea y a los seis partidos políticos "para que hagan prevalecer el interés del país sobre cualquier otro tipo de interés (...), para que dialoguen", y se supere la crisis.

El gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y tres partidos minoritarios de derecha defienden la elección de magistrados; mientras la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) y Cambio Democrático piden acatar los fallos de inconstitucionalidad contra el proceso.

"La solución está en manos de ellos", pero deben hacer "el mayor de los esfuerzos para que esto pueda solucionarse", insistió Luna.

Consideró que la solución está en "que ratifiquen a los magistrados (...), allí se termina todo", porque "el problema no es con personas sino con el procedimiento" seguido para elegirlos.

El conflicto surgió el pasado 5 de junio, cuando la Sala Constitucional de la CSJ anuló en sendas sentencias las elecciones de 10 magistrados y sus respectivos suplentes hechas por la Asamblea en 2006 y el 24 de abril de este año.

Los magistrados electos en abril deben asumir el 1 de julio próximo para el período 2012-2021 y los de 2006 tienen mandato hasta 2015.

La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con sede en Managua, dictó el 21 de junio la suspensión de las sentencias al admitir un "recurso de conflicto" de la Asamblea contra la Sala.

Sin embargo, la Sala rechazó la resolución de la CCJ por considerarla "contraria a la Constitución" salvadoreña, mientras que el Parlamento insiste en que se cumpla.

Ante la crisis, la Asamblea aprobó anoche una disposición transitoria en la ley del órgano Judicial para permitir que el pleno de la CSJ lo constituyan ocho de sus 15 magistrados, se reúnan sin necesidad de convocatoria de su presidente y en cualquier lugar.

Esta disposición "tiene el propósito de facilitar la instalación de la Corte Suprema" con los magistrados elegidos en abril, dijo a periodistas el portavoz y diputado del FMLN, Roberto Lorenzana.

El procurador de Derechos Humanos coincidió con diputados opositores y otros sectores políticos en que la reforma "está restándole al presidente de la Corte (Belarmino Jaime) la facultad de hacer convocatorias a Corte plena".

Jaime, también presidente de la Sala Constitucional, defiende las sentencias y considera que "no hay nada que negociar" al respecto.

La Constitución salvadoreña establece que cada tres años debe renovarse un tercio de la CSJ, integrada por 15 magistrados propietarios y sus suplentes, que cumplen así períodos escalonados de nueve años, pero no dice en qué legislatura debe ser la elección.

La Sala anuló las elecciones de magistrados por considerar que una misma legislatura no puede hacer ese proceso en dos ocasiones y ya se había hecho una vez, al tiempo que ordenó repetirlas.

Sectores que rechazan los fallos consideran contradictoria esta disposición porque significa hacer lo mismo que se anuló, es decir, que una misma legislatura elija magistrados en dos ocasiones.