Legisladores e investigadores de América del Sur y Estados Unidos analizarán las actuaciones del Plan Cóndor, una alianza represiva de las dictaduras sudamericanas en los años 70, para ayudar a aclarar la muerte de brasileños bajo los regímenes militares.

La diputada brasileña Luiza Erundina dijo el viernes que el tema será discutido en un seminario que reunirá a investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, además de Estados Unidos, para compartir información sobre la actuación de las dictaduras y su impacto sobre activistas brasileños que huían de la represión.

"Un resultado esperado (del seminario) es que consigamos buscar y localizar brasileños que fueron víctimas de la Operación Cóndor en Chile, Argentina y Uruguay", indicó Erundina a periodistas.

"Tenemos militantes de izquierda que resistieron al régimen militar brasileño y desaparecieron en esos países huyendo de la represión política. No tenemos sus nombres, esperamos que con la información que recibamos de esos países tal vez podamos conocer el paradero de esos brasileños víctimas de la Operación Cóndor", agregó la legisladora izquierdista.

Citó entre tales víctimas al ex presidente Joao Goulart, derrocado en 1964 por los militares que instauraron un régimen militar que se mantuvo en el poder hasta 1985.

Existen indicios de que Goulart haya sido asesinado por envenenamiento, pese a que la versión oficial es que falleció por un ataque cardíaco en diciembre de 1976 en Corrientes, Argentina.

"Tal vez el seminario traiga luces al respecto de hechos terribles como ese que habría ocurrido con la muerte del ex presidente Joao Goulart", dijo Erundina.

La legisladora señaló que la información recogida durante el seminario servirá para la Comisión de Amnistía brasileña, que investiga casos de abusos del régimen militar y ofrece compensación a las víctimas y sus familiares.

Marcelo Torelly, asesor de la comisión, señaló que la entidad en sus 11 años de funcionamiento ha abierto 60.000 juicios por casos de represión y autorizó compensaciones para 35.000 personas afectadas.

Brasil instaló este año una Comisión de la Verdad que investigará durante dos años los hechos de violencia y abusos de derechos humanos cometidos durante el régimen militar.

No obstante, la comisión no tendrá poder de someter a la justicia a las personas responsables de los abusos porque se encuentran amparados por una ley de amnistía de 1979.

Erundina presentó el año pasado un proyecto de ley para reformar el artículo 1 de esa ley con miras a abrir la posibilidad de enjuiciar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, pero su propuesta no ha sido votada.