Antes de la salida del sol en esta ciudad central de México, Saúl García y su familia fueron despertados por el ruido de balas que se estrellaban contra el frente de la casa. Un motociclista enmascarado había disparado contra la vivienda de ladrillo y dejado un cartel firmado por la banda de narcotraficantes La Familia, en el que le advertían que lo matarían a él, a su esposa y sus tres hijos si García no retiraba su candidatura a alcalde.

García, candidato del Partido Democrático Social, no se retiró. Un policía lo sigue las 24 horas del día mientras trata de captar votos en las angostas y empinadas calles de Emiliano Zapata, un suburbio de Cuernavaca, en el estado de Morelos.

En los días previos a las elecciones del domingo, los cárteles de las drogas están emitiendo su voto con tácticas destinadas a amedrentar a la gente y con dinero en efectivo para asegurarse que los ganadores no interfieran con sus lucrativas operaciones. Se concentran en la política estatal y municipal, donde los funcionarios y sus departamentos de policía pueden causar problemas o facilitarles las cosas. Además, es más fácil incidir en contiendas municipales y estatales que en las bien financiadas elecciones nacionales que sí reciben la atención de la prensa.

Los cárteles de las drogas no se interesan en la política, pero son prácticos. Figuras de los tres partidos más grandes han sido acusadas de tener contactos con el bajo mundo o han sido atacadas. Las pandillas apoyan a candidatos que pueden comprar o amedrentar, y las autoridades dicen que están combatiéndolas.

"Hemos dicho, desde hace varios meses, desde este mismo foro, que teníamos que reconocer la presencia y la acción, en particular en el ámbito local, de grupos de la delincuencia en torno al ámbito electoral", dijo el jueves el secretario de Gobernación (Interior) de México Alejandro Poiré. "Estamos actuando precisamente para acotarlo, para prevenirlo y para llevar a los responsables ante la justicia".

García, el candidato a la alcaldía, asegura que no sabe por qué está en la mira de los cárteles.

"Yo no tengo enemigos", declaró García, cuya casa fue baleada el 30 de abril. "Cuando vi que me amenazaban y me decían que me tenía que retirar... la verdad, pues somos libres de votar y ser votados, pero hoy en día es cuestión política".

La violencia electoral se ha hecho sentir en Morelos y otros estados donde se elegirán seis gobernadores y cientos de alcaldes y concejales. Si bien el gobierno nacional no lleva la cuenta de los candidatos amenazados, ha habido informes de ataques o amenazas contra políticos y colaboradores en varios estados, incluido un candidato a gobernador en Morelos.

Un funcionario de la gobernación de Morelos que no estaba autorizado a hablar con la prensa dijo que La Familia trata de controlar comunidades pequeñas como Emiliano Zapata desde que les dieron palos en el estado donde surgió, el vecino Michoacán. Allí el cartel recibió duros golpes de las autoridades y fue afectado por divisiones.

En las elecciones estatales de Michoacán el año pasado, un diario publicó un aviso anónimo en el que se le decía a los partidarios del Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece el presidente Felipe Calderón, que no votasen en una localidad cuyo alcalde ya había sido asesinado. Oscuros grupos apelaron a tácticas intimidatorias para hacer que se retirasen varios candidatos, cortaron carreteras e hicieron llamadas telefónicas amenazantes para manipular la votación. Algunos encuestadores fueron secuestrados y liberados pocas semanas antes de los comicios.

También hubo ataques contra candidatos en otro estado azotado por el narcotráfico: Guerrero, aunque no está claro quiénes son los responsables.

Poiré, el secretario de Gobernación, se encontró el miércoles con el gobernador de Morelos, Marco Adame, para coordinar medidas de seguridad para el día de las elecciones y prometió una respuesta inmediata a cualquier emergencia que pueda comprometer la votación.

Los cárteles han comprado funcionarios por décadas y los pagos a gobernadores, alcaldes y demás funcionarios son considerados parte de los costos de ese negocio. El Partido Revolucionario Institucional gobernó el país 71 años y durante ese tiempo los cárteles no tenían necesidad de preocuparse por las elecciones.

Pero su derrota electoral del 2000 creó un vacío de poder y dejó numerosas dependencias al alcance de otras agrupaciones. Desde entonces, candidatos de todos los colores han sido acusados de estar al servicio de los cárteles.

Hay "un nuevo fenómeno de mafias que se involucran sistemáticamente en la política. No es un fenómeno que tuviéramos antes", comentó Eduardo Guerrero, analista de temas de seguridad. "Antes no se involucraban en todo este trabajo de financiar campañas o de colocar como candidatos a miembros. Cuando había un ganador, negociabas con él, y si no quería negociar, pues lo matabas y se acabó".

Morelos, un pequeño estado de 1,7 millones de habitantes con grandes extensiones de tierra montañosa es ideal para el transporte de cocaína y heroína por carreteras estatales que van de los puertos del sur a la Ciudad de México y más al norte. El territorio fue controlado alguna vez por el poderoso cártel de Sinaloa a través de sus viejos aliados, el cártel de los Beltrán Leyva.

La capital del estado de Cuernavaca, sitio frecuentado por jubilados de Estados Unidos y por gente acomodada de la Ciudad de México, fue también un santuario para los capos del narcotráfico hasta que el presidente Calderón declaró una guerra frontal contra los cárteles. Los militares irrumpieron en un lujoso complejo de departamentos en el 2009 y mataron al jefe del cártel, Arturo Beltrán Leyva.

Desde entonces, ha habido un aumento de la violencia en la ciudad, en la que sectores de la banda de Beltrán Leyva, La Familia y otras pandillas menores se pelean por el negocio. Todas estas agrupaciones se valen de políticos locales, especialmente alcaldes, que son lo que controlan las fuerzas policiales locales.

Las autoridades estatales dicen que los secuestros aumentaron en el último par de meses y que las palabras FM, que aluden a la organización seudorreligiosa La Familia Michoacana, aparecen a menudo en la escena del crimen.

Políticos locales del PAN, que gobierna Morelos desde el 2000, fueron acusados de tener vínculos con los Beltrán Leyva. El jefe de la policía está preso bajo sospecha de colaborar con el cartel, aunque por ahora no ha sido declarado culpable de delito alguno.

Ante la posibilidad de que el PAN pierda la gobernación el domingo, circulan versiones de que los cárteles están tratando de congraciarse con los candidatos de los otros dos partidos grandes.

El candidato del Partido de la Revolución Democrática, Graco Ramírez, dice que la gente de localidades remotas le cuenta que las pandillas le dijeron que se quedase en su casa el día de la elección. Se queja de que pistoleros asustan a los colaboradores de su campaña cuando distribuyen panfletos.

"El crimen organizado no quiere que yo llegue a ser gobernador porque saben que eso se va acabar", afirmó. "Se va acabar la complicidad de la omisión".

Otro candidato a alcalde del Partido Verde en Morelos ha dicho que fue blanco de amenazas de muerte y de un fallido intento de secuestro por parte de un cártel, aunque no dijo de cuál.

El presidente del instituto electoral de Morelos, Oscar Granat Herrera, dijo que los cárteles no tratarán de manipular la votación. Indicó que los ataques como el que sufrió la casa de García en Emiliano Zapata son raros y que las autoridades no tienen sospechosos.

De todos modos, expresó Granat, "va a ser una elección muy vigilada".

En Temixco, suburbio de Cuernavaca, adolescentes trepados a techos de viviendas cerca de una cancha de fútbol observaban hablar al candidato a gobernador Ramírez en una tarde reciente.

El político le dijo a cientos de partidarios que estaba cansado de los funcionarios corruptos comprados por los cárteles.

"Vienen y matan y amenazan a los que denuncian", manifestó.Varias camionetas blindadas esperaban al candidato afuera del estadio. Los custodios de Ramírez impidieron que sus partidarios se le acercasen cuando salía del lugar. Los periodistas tuvieron que esforzarse para mantenerse cerca y poder hacer preguntas.

"Quiero que entiendas que es un momento crítico", explicó uno de los custodios. "Vaya, aquí me lo pueden matar".

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