A lo largo de la Avenida República en el centro de Asunción se encuentra la reluciente fachada del Palacio Legislativo, un edificio que costó 20 millones de dólares, donde van y vienen asesores de legisladores con trajes de marca y teléfonos celulares en sus manos y la policía custodia una legislatura que acaba de destituir a un presidente y de instalar a otro.

Cruzando la calle hay una plaza pública con algunas de carpas donde viven desde hace un año y medio residentes de un barrio marginal vecino que va a ser demolido. Cerdos y perros descansan en la tierra y la gente cocina en precarias parrillas.

El marcado contraste entre ambos lados de la calle refleja la brecha que separa a los paraguayos.

Existe un Paraguay en el que el Producto Bruto Interno ha subido tres años seguidos y abundan las discotecas y restaurantes parrilla. Pero también hay otro, que abarca más de la mitad de los 6,5 millones de habitantes, en el que cuesta poner comida en la mesa todos los días y mucha gente ocupa viviendas con piso de tierra, sin luz, inodoros ni agua corriente.

La crisis política que afecta a esta nación refleja las tensiones entre los terratenientes y los campesinos sin tierras. Esas tensiones se hicieron evidentes el 15 de junio, cuando enfrentamientos en torno a tierras dejaron 17 personas muertas y provocaron un juicio político del presidente Fernando Lugo una semana después.

La raíz de la crisis, no obstante, data de hace 140 años y responde a un modelo en el que el 1% de la población controla el 77% de las tierras cultivables, mientras el 55% de los paraguayos viven en la pobreza y el 31% en una pobreza extrema, según las Naciones Unidas.

Los pobres pensaron que habían encontrado un salvador en Lugo, el "obispo de los pobres", barbudo y con sandalias, que llegó a la presidencia en el 2008 con la promesa de impulsar una reforma agraria, derrotando a un Partido Colorado que había gobernado por seis décadas.

En los cuatro años que estuvo en el gobierno, Lugo no pudo sacar adelante una reforma agraria profunda.

"Es sorprendente cómo el tema de la tierra se ha convertido en el talón de Aquiles de la política paraguaya y de este gobierno en particular", comentó Miguel Carter, profesor paraguayo de ciencias políticas de la Universidad Americana de Washington especializado en temas relacionados con la tierra en Sudamérica. "Simbólicamente, el hecho de que esta masacre de 17 personas haya desencadenado esta ofensiva dice mucho".

El campo es lo que mantiene a flote la modesta economía de Paraguay. Las dos principales exportaciones son carne y soja y el sector agrícola generó casi el 30% de los ingresos del gobierno, que fueron de 8.000 millones de dólares, el año pasado.

El campesino común, sin embargo, ve muy poca de esa riqueza. Según distintos estimados, hay entre 74.000 y 300.000 campesinos sin tierras. Paraguay es la nación latinoamericana con la distribución de tierras más desigual.

El desequilibrio data de 1870 más o menos, cuando el país comenzó a vender tierras para pagar una onerosa deuda dejada por una guerra. La venta de tierras se intensificó con la llegada al poder del general Alfredo Stroessner, quien gobernó de 1954 a 1989. La industria agropecuaria se afianzó y más de 8 millones de hectáreas quedaron en manos privadas, muchas de ellas amigas del régimen.

La constitución adoptada tras la caída de Stroessner da a los legisladores amplios poderes de supervisión de la presidencia. Sin mucho apoyo en el Congreso y con una fuerte oposición conservadora, Lugo, de 61 años, aparentemente nunca se tuvo confianza para impulsar una reforma agraria profunda.

Tampoco cumplió su promesa de realizar un estudio amplio de los títulos de propiedad de la tierra, muchos de los cuales exageran la cantidad de tierra controlada por los grandes ganaderos y cultivadores de soja. Según algunos cálculos, la cantidad de tierra contemplada en esos títulos excede la superficie del territorio nacional. Hay casos en los que varias personas se atribuyen la propiedad de la misma tierra o en los que hacendados se declaran propietarios de terrenos aledaños que en realidad no les pertenecen.

Lugo perdió batallas presupuestarias que le hubieran permitido adquirir tierras. Durante su gestión el congreso aprobó los primeros impuestos a las ganancias, pero demoró su implementación hasta el 2013, año en que expiraba el mandato de Lugo. Se firmó un acuerdo por el cual Brasil pagaría tres veces lo que pagaba por la energía generada por represas de un río compartido por ambas naciones --360 millones de dólares anuales--, pero el Congreso controló ese dinero.

Asediado por una firme oposición y por amenazas de un juicio político que vienen desde hace mucho tiempo, Lugo nunca "estuvo para crear un frente allí donde está el problema social más grave", expresó el columnista paraguayo Alfredo Boccia Paz. "Si hacía mucho más, probablemente hubiera caído antes".

El líder colorado Horacio Cartés negó que el juicio político fuese una maniobra para acaparar poder y sostuvo que su partido fue motivado por el "mal gobierno" de Lugo. El Partido Colorado, afirmó, "tiene un sólo camino para volver al poder: ganar las elecciones de 2013".

Fue necesario que uno de los funcionarios designados por Lugo se viese envuelto en un escándalo para que el mandatario ordenase una limpieza de la agencia responsable de la reforma agraria.

"La propuesta fue recuperar las tierras que Stroessner entregó en forma fraudulenta a amigos y familiares", expresó Belarmino Balbuena, líder del Movimiento de Campesinos Paraguayos. "Esa idea de recuperar la tierra malhabida no se pudo llevar adelante porque el Poder Judicial frenó todo intento de recuperación con el cumplimiento de leyes que protegen a los ricos y no a los pobres".

Paraguay tiene un crecimiento poblacional anual del 1,8% y las grandes familias no se pueden sustentar con pequeñas parcelas. El sector industrial, por otro lado, no es lo suficientemente grande como para dar trabajo a la gente del campo desocupada. Muchos campesinos emigran para trabajar en la construcción en sitios como Buenos Aires o se instalan en barrios de emergencia de Asunción.

"Este modelo de desarrollo es una maldición para Paraguay. Concentra la tierra, no conduce a una industrialización y hace que enormes sectores de la población vivan en la pobreza", declaró Carter, el profesor paraguayo que enseña en Washington.

Se le reconoce a Lugo haber tenido las mejores intenciones de mejorar la situación de los campesinos pobres y el que haya iniciado la discusión pública en torno a los títulos de propiedad de dudosa legalidad. También costeó programas para distribuir semillas entre los agricultores pobres y enseñarles cómo combatir enfermedades de los cultivos y criar ganado.

En el 2010, no obstante, se concedieron apenas 30.000 títulos en el marco de la reforma agraria, según Eugenio Alonso, que supervisaba la agencia encargada de esa reforma.

El mandatario no pudo implementar más rápidamente una reforma agraria porque el gobierno no tenía tierras en su poder para distribuir, de acuerdo con Luis Aguayo, líder de la agrupación de campesinos sin tierras más grande del país, que nuclea a unas 60.000 personas. "Pero estaba avanzando administrativamente para recuperar los terrenos en poder de latifundistas", expresó.

Paralelamente, durante el gobierno de Lugo la policía realizó 300 operaciones para desalojar a personas que se instalaban en terrenos privados.

Ahora su sucesor, del Partido Liberal, tiene que adoptar la reforma agraria como uno de los temas centrales de su gestión, que durará hasta agosto del 2013.

Franco ordenó el miércoles al Ministerio de Agricultura realizar un estudio de los títulos de propiedad lo más rápidamente posible, con miras a implementar lo que describe como "la esperada reforma agraria".

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En este despacho colaboraron los reporteros de la Associated Press Pedro Servín y Belén Bogado en Asunción.

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Peter Orsi está en Twitter como www.twitter.com/Peter_Orsi