El Congreso archivó el jueves una reforma constitucional al sistema de justicia, en una votación presionada por el mandatario Juan Manuel Santos para sortear el aluvión de críticas que generaron los cambios y que le costaron la renuncia de uno de sus ministros y un resquebrajamiento de sus relaciones con el Legislativo.

En rápidas sesiones, primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado, que domina la coalición del gobierno Santos, la reforma fue archivada por el voto mayoritario de los legisladores.

"Afortunadamente esta tormenta esta pasando y yo creo que al final del día la tormenta habrá terminado", dijo Santos en un discurso durante un acto desde la población de Palmira, al suroeste del país.

"Me refiero por supuesto al problema que surgió a raíz de la reforma a la justicia...afortunadamente la crisis esta terminando", agregó el mandatario en su discurso transmitido en vivo por la Presidencia en su página de internet.

Congresistas y analistas dijeron que aunque el capítulo de la reforma pudo lesionar las relaciones de Santos con sus bancadas y afectar su popularidad, esos daños son menores.

Sin embargo, horas más tarde se conoció una encuesta de la empresa privada Invamer Gallup que reveló en la jornada el fuerte impacto del capítulo de la reforma en la popularidad de Santos, el Congreso y la Corte Suprema.

El presidente bajó su popularidad de 64% en abril, fecha del sondeo anterior, a 48% en junio, mientras el Congreso descendió en el mismo lapso de 43% a 26% y la Corte Suprema de 55% a 41% en su aceptación, dijo en diálogo telefónico Jorge Londoño, presidente de la firma encuestadora.

La baja en la popularidad de Santos, en un descenso de 16 puntos de abril a junio, del Congreso y de la Corte Suprema, "fue por una crisis de confianza en la institucionalidad", dijo Londoño, cuya encuesta fue publicada por medios como la radio Caracol.

"Indudablemente el tema de la reforma lo que hizo fue crear una situación desfavorable" para los tres poderes, añadió.

Un descenso similar de un mandatario colombiano en los registros de la encuestadora no se daba desde el gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998), cuando estalló un escándalo por la financiación de su campaña electoral por fondos del narcotráfico y que provocó una caída de su popularidad de más de 20 puntos, dijo Londoño.

El sondeo fue realizado telefónicamente del 21 al 27 de junio entre 1.200 personas en cinco ciudades del país y tuvo un margen de error de 3%, indicó Londoño.

Aparte del tema de la reforma, otros asuntos también han impacto la popularidad del presidente, un economista de 60 años, como son la percepción de un incremento en la inseguridad pública, añadió Londoño.

Analistas destacaron que la importancia de haber archivado el proyecto es que no tenga vigencia uno de los cambios que más críticas recibió por sus efectos: retirarle a la Fiscalía General sus facultades de investigar a funcionarios con fuero, como ministros, magistrados y generales. Si ese cambio regía, los procesos debían volver a comenzar y muchas personas ya detenidas y procesadas podrían quedar libres al reclamar que su investigación comenzara nuevamente en manos de una nueva sala de la Corte Suprema que asumiría esos casos.

La reforma fue aprobada el 20 de junio en el último día de sesiones del Congreso antes del asueto de mediados de año, pero como de inmediato surgieron en los medios de comunicación y en las redes sociales críticas a algunos de sus puntos, Santos convocó para miércoles y jueves dos sesiones extraordinarias con el pedido expreso a los congresistas de archivar la reforma.

Aunque en el debate legislativo de la víspera el gobierno debió escuchar duras críticas de sus congresistas por haberles "echado el agua sucia como los responsables de la aprobación (de la reforma), aquí y en muchas partes eso (el impasse entre Ejecutivo y Legislativo) se soluciona aceitando la maquinaria" burocrática, al ofrecer cargos públicos, dijo en diálogo telefónico Jorge Iván Cuervo, profesor de políticas públicas y derechos humanos de la Universidad del Externado, en Bogotá.

El viernes pasado en medio de los cuestionamientos a la reforma, el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra anunció su dimisión irrevocable al cargo al explicar que aunque a último minuto se introdujeron cambios al proyecto de los que no estaba al tanto, era responsable político de su aprobación y por ello asumía su cuota de responsabilidad.

Pero el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U), del presidente Santos, destacó que el gobierno no sólo conocía los aspectos de la reforma sino que solamente reaccionó por las críticas en los medios y en las redes. "No se puede gobernar por titulares... y no es cierto que era un cataclismo" el contenido de toda la reforma, dijo el congresista en entrevista telefónica.

"Esa reforma es de autoría del gobierno y después abandona la responsabilidad... dejando la sensación que era el Congreso el responsable único de esas equivocaciones", indicó Barreras al destacar que había puntos positivos como la creación de juzgados en localidades donde no existen y negativos, como el de la Fiscalía.

Con el archivo de la reforma, esa modificación que retiraba a la Fiscalía General la competencia de investigar a funcionarios con fuero ya no regirá, lo que deja a salvo por lo menos 1.500 procesos que lleva actualmente el ente investigador, dijo Cuervo, que también criticó el rol de las altas cortes en todo este capítulo porque han guardado silencio frente al impacto de la reforma.