Los bancos cubanos han otorgado más de 47.000 créditos a particulares desde que el pasado diciembre se autorizó esta posibilidad dentro de las reformas económicas emprendidas en el país, según datos oficiales divulgados hoy.

La mayoría de los créditos fueron concedidos para actividades relacionadas con la construcción y reparación de viviendas, según responsables del Banco Central de Cuba (BCC) citados por el diario oficial Granma.

Sobre el montante total de esos créditos, la información divulgada menciona decenas de millones de pesos cubanos, sin precisar la cantidad exacta.

El 20 de diciembre de 2011 entró en vigor en la isla una nueva política crediticia que permite la financiación bancaria al sector no estatal con el objetivo de dinamizar el trabajo autónomo, la producción agropecuaria y la rehabilitación de viviendas.

Además de promover los créditos, las nuevas disposiciones ofrecen a los cubanos y al emergente sector privado diversos servicios bancarios como cuentas corrientes o posibilidades de pago con distintos tipos de cheques, transferencias, tarjetas de débito o crédito, letras de cambio o pagaré.

El Banco Central anuncia hoy en Granma que se está estudiando incluso extender el uso de la tarjeta magnética en los establecimientos comerciales, una forma de pago prácticamente desconocida en Cuba.

En los últimos seis meses, más de 250.000 personas han acudido a las sucursales bancarias ya sea para solicitar créditos, pedir información, aclarar dudas o abrir cuentas, según el vicepresidente del BCC, Francisco Mayobre.

Sobre el impacto de la política crediticia, Mayobre cree que desde el punto de vista social se ha cumplido el objetivo, aunque admite que aún existen "deficiencias que se irán solucionando gradualmente".

Con el propósito de "actualizar" el modelo económico cubano y superar la grave crisis que arrastra el país, el presidente de la isla, Raúl Castro, ha impulsado en su mandato un plan de reformas que han abierto un pequeño resquicio a la iniciativa privada, aunque en áreas muy limitadas.

La ampliación del trabajo privado o "cuentapropismo", como se conoce en el país, pretende además ser una alternativa laboral a la reducción de empleos públicos para adelgazar las infladas plantillas estatales.

Otras medidas destacadas fueron la autorización para la compra venta de vehículos y viviendas entre particulares, transacciones que estuvieron prohibidas durante décadas.