Unos 100.000 estudiantes protestaron el jueves contra las universidades privadas que lucran con fondos estatales, con una marcha de cinco kilómetros salpicada por actos vandálicos y represión policial que no detuvo la caminata pacífica de la mayoría de los jóvenes.

La caminata se realizó por la principal arteria capitalina bajo una suave llovizna que por momentos se convirtió en una fuerte lluvia y pasó frente al Palacio de La Moneda, contiguo al Ministerio de Educación. La policía ubicó gran cantidad de rejas metálicas y autobuses institucionales a dos cuadras de ambos edificios.

Los jóvenes se reunieron en la plaza Italia, a 12 cuadras de la sede presidencial, donde iniciaron la caminata disfrazados, bailando, agitando banderas de colores y con pancartas con textos alusivos a la protesta.

Uno de los carteles imitaba la pantalla de un computador donde se leía "error en el sistema de educación" y abajo en un rectángulo decía "actualizar".

"Vengo a marchar porque no puede haber privilegios para la clase alta", dijo a The Associated Press el estudiante Salvador Navarro, de 17 años, de un colegio público.

Gabriel Boric, presidente de los alumnos de la Universidad de Chile, destacó el simbolismo de poder marchar frente a la sede de gobierno. "Vamos a demostrar nuestro enojo e impotencia, pero también nuestra alegría y la convicción de que podemos cambiar las cosas frente a La Moneda", agregó.

Esta es la tercera marcha del año y la primera que contaba con permiso para desfilar frente a la sede de gobierno.

En varios puntos del recorrido, autorizado por la gobernación metropolitana, jóvenes con los rostros cubiertos intentaron saquear algunos locales comerciales, destruyeron parcialmente un autobús del transporte público, sin pasajeros, rompieron semáforos y sacaron las rejas metálicas que dividían en dos las ocho pistas de la principal arteria capitalina y las lanzaron contra los policías, que los reprimieron con chorros de agua y gases lacrimógenos.

Uno de los hechos más graves se registró a unas tres cuadras de La Moneda cuando encapuchados apedrearon un camión de la guardia carcelaria y lanzaron una bomba incendiaria en su interior. Los efectivos policiales lograron frenar el incendio del vehículo.

Un policía desenfundó su arma y amenazó a una turba que momentos antes hirió a su compañera con una piedra en la cabeza cuando los agentes intentaron detener el saqueo de una farmacia. El jefe policial de Santiago, general Luis Valdés, apoyó el accionar del sargento Luis Muñoz, "porque estaba en una turba, con agresividad extrema...".

A diferencia de protestas anteriores, donde los encapuchados chocaron con la policía al concluir la caminata, en esta ocasión los vándalos actuaron en plena marcha, mientras decenas de miles de jóvenes seguían caminando tranquilamente bajo la lluvia. La manifestación concluyó con un acto artístico.

Marchas similares se repitieron en ciudades del interior.

Camila Vallejo, vicepresidenta de los estudiantes de la Universidad de Chile, estimó en unos 120.000 los manifestantes, mientras la policía dijo que participaron 30.000 personas y que hubo 250 detenidos y 13 policías heridos.

Los estudiantes exigen desde el año pasado una serie de demandas entre las que destacan una educación pública y de calidad y el fin del lucro en las universidades privadas que reciben aportes estatales.

La protesta del jueves se centró en el lucro luego de que la semana anterior se conociera un informe de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que reveló cómo varios planteles superiores privados infringen la ley que prohibe retirar las utilidades y que obliga a reinvertirlas.

Varias universidades crearon las llamadas sociedades espejo, en las que un mismo grupo es dueño del edificio donde funciona el plantel y retiran las utilidades con el subterfugio de cobrar arriendo. Este es uno de varios mecanismos para lucrar.

La comisión de diputados identificó a siete universidades privadas y a un instituto de educación superior y las maniobras que usan para violar la ley que les impide tener utilidades y entregó los antecedentes a la fiscalía nacional para que investigue.

El fiscal nacional, Sabás Chaguán, anunció el jueves que dos fiscales investigarán los hechos y dijo que "si aparece la necesidad de nombrar un fiscal preferente, se hará a la brevedad".

Después del terremoto de magnitud 8,8 de 2010, las manifestaciones estudiantiles han sido el peor dolor de cabeza del presidente Sebastián Piñera, que tras siete meses de protestas seguidas en 2011 este año envió un par de reformas al Congreso para bajar los créditos bancarios a los alumnos, aumentar las becas y aportar entre 700 y 1.000 millones de dólares extras al presupuesto educacional. Sin embargo, por ahora siguen discutiéndose en el parlamento.