El Estado colombiano negó hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, que sea el responsable del bombardeo sobre la comunidad de Santo Domingo, en Arauca (este), el 13 de diciembre de 1998, en el que murieron 17 civiles y 27 más resultaron heridos.

Las pruebas "muestran inequívocamente que no fueron agentes del Estado los que produjeron un bombardeo en Santo Domingo", declaró ante los jueces el agente colombiano Rafael Nieto, durante los alegatos finales de las partes.

Nieto aseguró que en las inspecciones realizadas no se hallaron fragmentos de bombas de las autoridades estatales, pues los bombardeos de la Fuerza Aérea se realizaron a unos 600 metros de la población civil, donde se encontraban guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Hay una distancia de más de 600 metros entre el lugar donde se suelta el dispositivo y la población civil, por lo que no pudo caer, de ninguna manera, sobre la población, ni siquiera por error porque era una distancia grande", aseguró el representante estatal.

El agente dijo que el Estado sólo acepta responsabilidad por los atrasos y disparidades de los trámites judiciales internos, pues en un fallo hay dos oficiales de la Fuerza Aérea condenados, mientras en otra sentencia se atribuye la responsabilidad de las muertes a las FARC.

Sin embargo, Nieto enfatizó en que la sentencia contra los oficiales "no está en firme", pues se encuentra en revisión en casación, mientras la otra, en la que se condenó a un miembro de las FARC, sí está en firme.

El Estado aseguró que "en la peor de las hipótesis" este caso corresponde a violaciones al derecho internacional humanitario y no a violaciones a los derechos humanos, por lo cual la CorteIDH no tendría jurisdicción para dictar un fallo, como sí lo tendría una corte penal.

Nieto también afirmó que algunas de las víctimas fueron reparadas por el Estado, pero la mayoría no se acogió a dichas indemnizaciones.

Por su parte, el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, criticó al Estado colombiano por efectuar un "replanteamiento radical del caso" en la audiencia ante la Corte, en comparación con el proceso ante la Comisión, encargada de elevar los casos al tribunal.

González aseguró que "no hay duda que murieron 17 personas y 27 más resultaron heridas por un artefacto explosivo" y que hay pruebas de que la Fuerza Aérea "diseñó un operativo militar en una zona cercana de Santo Domingo" y que tenían conocimiento de la presencia de población civil.

"La posición del Estado se basa en detalles supuestamente técnicos y valoraciones que no han logrado desvirtuar los hechos básicos", dijo González, quien recalcó que más de 20 testimonios culpan a la Fuerza Aérea del bombardeo.

Los representantes de las víctimas afirmaron que la tripulación de los helicópteros que participó en la operación militar "no ha sido identificada ni investigada" y solicitaron que "se haga justicia por el bombardeo hecho por la Fuerza Aérea".

Entre las peticiones a la CorteIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA), se destacan que se indemnice a las víctimas y que se "restablezca su dignidad", pues en varias ocasiones fueron señaladas como guerrilleros.

Tras concluir hoy la audiencia de dos días, la CorteIDH, con sede en Costa Rica, dará algunas semanas a las partes para que entreguen sus alegatos finales por escrito y dictará una sentencia en los próximos meses.