Sobrevivientes y familiares de las víctimas de genocidio en Guatemala calificaron hoy como una "vergüenza" y un retroceso para el acceso a la justicia, la suspensión temporal del proceso contra el general golpista José Efraín Ríos Montt, ordenada la víspera por una Sala de Apelaciones.

La defensa de las víctimas recurrió este miércoles ante la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica del país, el amparo emitido por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, que interrumpió de forma temporal el juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad iniciado contra Ríos Montt el pasado 21 de mayo.

Entonces, la jueza Carol Flores, titular del Tribunal A de Mayor Riesgo, admitió la acusación de la Fiscalía contra el militar retirado, de 86 años, ordenó su arresto domiciliario y fijó una fianza de 500.000 quetzales (unos 62.000 dólares).

La causa contra el general retirado y gobernante de facto de Guatemala entre 1982 y 1983, se deriva de la masacre de 201 campesinos cometida por el Ejército el 7 de diciembre 1982 en la comunidad de las Dos Erres, en el norte de Guatemala.

"No es justo que hayan suspendido el proceso y que le hayan dado el amparo. Él (Ríos Montt) tiene que pagar porque es responsable de la masacre, porque era presidente de Guatemala", dijo a Efe Sandra Gómez Hernández, una sobreviviente de la matanza.

Gómez, que tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos y figura como testigo en el proceso judicial, recordó que perdió a 14 familiares y varias de sus primas fueron violadas y luego asesinadas por los soldados.

Otro sobreviviente, Raúl Gómez, manifestó que "da vergüenza que las máximas autoridades amparen a un criminal, porque los militares que hicieron la matanza fueron discípulos de Ríos Montt".

Los soldados "no acabaron con los guerrilleros sino con la gente humilde", señaló Gómez, de 52 años, y quien perdió a 17 parientes en las Dos Erres, una de las 669 matanzas que documentó la Comisión de la Verdad durante el conflicto armado que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, y que dejó 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Aura Elena Farfán, directora de la Fundación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), calificó como una acción "vergonzosa" la suspensión del proceso, en el que esa organización actúa como querellante.

El fallo de la Corte de Apelaciones "viene a ayudar a la impunidad, a encubrir los hechos. Es lamentable que los pequeños pasos que se habían dado para romper el muro de impunidad vuelvan a quedar cerrados", añadió en declaraciones a Efe.

Por su parte, el abogado de los familiares de las víctimas, Edgar Pérez, dijo a Efe que la decisión judicial de suspender el proceso contra Ríos Montt constituye "un retroceso enorme para el acceso a la justicia, y una consolidación de la impunidad".

"Nos llama poderosamente la atención que la Sala haya decretado el amparo provisional favoreciendo al general y suspendiendo el proceso", aún cuando en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Guatemala por la masacre de las Dos Erres, expresó Pérez.

Los abogados del general retirado alegaron ante la Corte de Apelaciones que la jueza Flores vulneró los derechos de Ríos Montt al no aplicar la amnistía aprobada en 1996 por el Parlamento.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, dejó claro en su sentencia del 24 de noviembre de 2009 que la amnistía no es aplicable para delitos graves de violaciones a los derechos humanos, como el genocidio, y particularmente por el caso de las Dos Erres, explicó Pérez.

Según el abogado de las víctimas, con las acciones de amparo los militares buscan dilatar y entorpecer los procesos penales por los crímenes de guerra denunciados ante los tribunales.

Pérez explicó que Ríos Montt continúa bajo arresto domiciliario porque está ligado a otro proceso judicial, desde enero pasado, por la matanza de indígenas ixiles durante su régimen de facto, caso por el que también son procesados los generales Héctor López y José Rodríguez.

El abogado dijo que la Corte de Apelaciones sentó "un mal precedente", y explicó que pidieron a la Corte de Constitucionalidad que revoque el amparo en base a la condena de la CorteIDH.

La Corte de Constitucionalidad tiene tres días para resolver la apelación, aunque el caso puede llevarse hasta dos semanas, aclaró Pérez.