Merary Hernández está convencida de que será una persona exitosa. Se graduará de ingeniería en la universidad, ayudará económicamente a sus padres, y aportará sus conocimientos y experiencia a Estados Unidos.

"Sé que voy a ser importante en la vida", dijo la joven a The Associated Press. "Sueño con poder devolver lo que este país me ha dado y también devolver a mis padres lo que me dieron".

Soñar en grande, como lo hace esta hondureña de 17 años, requiere un valor especial si se toma en cuenta que está en el país ilegalmente y enfrenta numerosos obstáculos para salir adelante.

Como ella, miles de jóvenes fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, pero se sienten estadounidenses y aspiran a tener las mismas oportunidades que los demás.

No se conforman con trabajar para sobrevivir o vivir en la oscuridad por ser inmigrantes sin autorización legal para residir en el país. Quieren más. Todo lo que el país puede ofrecer, incluida una educación. Y se movilizan para hacer realidad sus anhelos.

Estos jóvenes soñadores, o "dreamers", como Hernández han formado un movimiento nacional que impulsa su causa. Sienten que no violaron ley alguna y que se les castiga por las faltas de sus padres.

"Es como que sueñas y te sientes atado", dice Hernández, quien llegó a Estados Unidos a los nueve años junto a su madre tras cruzar ilegalmente la frontera con México. "No puedes hacer cosas normales, que otras personas no se dan cuenta de que son un privilegio".

El movimiento de los "dreamers", dicen expertos consultados por la AP, nació entre 2006 y 2008 pero cobró fuerza en el 2010, cuando cuatro estudiantes, tres de ellos sin papeles, realizaron un acto de desobediencia civil en la oficina del senador republicano John McCain en Tucson, Arizona. Buscaban presionarlo para que apoyara un proyecto de ley conocido como Dream Act, que regularizaría la situación de los "soñadores".

"Fue en el 2010 cuando el movimiento fue reconocido a nivel nacional, pero los esfuerzos a nivel local comenzaron mucho antes que esa fecha", dijo William Pérez, profesor de educación de la Universidad de Claremont, al sur de California.

En la actualidad existen dos redes nacionales que agrupan a las organizaciones de "dreamers": United We Dream y National Immigrant Youth Alliance (NIYA). El movimiento también cuenta con la organización de cabildeo DRM Capitol Group, que trabaja de cerca con United We Dream.

La NIYA, liderada por el iraní Mohammad Abdollahi, es más liberal y no está ligada a ningún partido ni sindicato. United We Dream colabora de cerca con sindicatos y organizaciones pro inmigrantes y está aprovechando la experiencia que estas agrupaciones tienen sobre defensa de derechos civiles, laborales y humanos, así como cabildeo político.

"Tienen estrategias diferentes que se complementan muy bien y amplifican el efecto del movimiento", dijo Pérez.

"Estamos luchando por una idea de oportunidades para los inmigrantes, por una reforma de inmigración y las leyes que discriminan a la comunidad latina, como las de Alabama y Arizona", dijo a la AP César Vargas, cabildero de DRM Capitol Group.

Vargas llegó desde México a los cinco años después de cruzar el desierto y tras conseguir ayuda financiera se graduó de abogado en Nueva York en mayo de 2011. Pero no ha logrado obtener su licencia profesional debido a que no tiene un estatus migratorio legal.

Alabama y Arizona están a la cabeza de los estados que adoptaron leyes para combatir a los extranjeros sin papeles.

Los "dreamers" tienen más afinidad con los demócratas, pese a que presionan al presidente Barack Obama porque sienten que no cumplió su promesa de presentar una reforma migratoria integral durante su primer año de gobierno.

Critican duramente a los republicanos, que piden mano dura con los inmigrantes ilegales, y a su candidato a la presidencia Mitt Romney, quien cree que el Dream Act es una limosna y dijo, la primera semana de enero, que vetaría a esa ley.

Romney luego se mostró abierto a apoyar a una versión del Dream Act que excluya el requerimiento de adelantar los estudios universitarios y sólo se limite a legalizar a quienes se alisten en el servicio militar.

La mayoría del movimiento lo integran hispanos pero hay personas de otros países, incluidos asiáticos e iraníes. En general los "dreamers" trabajan y estudian, a veces ayudándose con becas. Muchos son graduados en ciencias políticas, estudios chicanos, planificación urbana y estudios liberales como psicología o antropología.

Pese a no tener la residencial legal, estos jóvenes creen firmemente que son estadounidenses y reclaman sus derechos como tales. A diferencia del grueso de los extranjeros sin papeles, que generalmente tratan de no llamar la atención y vivir en las sombras, los dreamers no dudan en irrumpir en las oficinas de ICE, de McCain o de la campaña de Obama, bajo riesgo de ser arrestados y deportados, para impulsar su causa.

Como han estudiado aquí, conocen sus derechos civiles y las luchas por los derechos laborales y humanos. Apelan a métodos pacíficos y movilizaciones para promover reformas, incluida la regularización de su situación migratoria y que puedan estudiar en las universidades pagando las matrículas básicas de los residentes en los estados, no las de los no residentes, que son mucho más costosas.

Los estados no tienen una política uniforme para tratar a estos jóvenes. Trece estados, entre ellos California y Nueva York, les permiten pagar la matrícula universitaria como residente del estado, y sólo tres les permiten recibir ayuda económica gubernamental para pagar sus estudios: Texas, Nuevo México y California.

La gran mayoría de los estados, entre ellos Florida, Carolina del Norte y Arizona, los consideran estudiantes no residentes y deben pagar una matrícula que puede ser tres o cuatro veces mayor al que abona un residente legal.

Y también hay estados como Misurí o Georgia que frenan el acceso a la educación superior a quienes no tienen un número de seguridad social, que el gobierno sólo otorga a residentes legales.

Si uno de estos jóvenes logra completar sus estudios universitarios, ello no representa el fin de sus problemas. Por no tener papeles, no pueden trabajar.

Para acabar con todos estos obstáculos promueven el Dream Act, que regularizaría la situación de jóvenes traídos ilegalmente al país cuando eran niños, no tienen antecedentes penales y estudian o se alistan en las fuerzas armadas.

La iniciativa, que es apoyada por el presidente Obama, fue aprobada por la cámara baja en diciembre de 2010, pero se frenó en el Senado por falta de apoyo, tanto demócrata como republicano.

Los "dreamers" por lo general hablan español con acento anglo, se expresan mejor en inglés y no sienten vínculos afectivos con los países donde nacieron.

"Soy americano (estadounidense). Lo único que me hace falta es un documento que lo diga", dijo a la AP José Machado, que en su camisa llevaba un prendedor con la bandera de Estados Unidos. Recordó que cada mañana desde que llegó a los seis años pronunciaba el juramento a la bandera antes de entrar a clase en su escuela del sur de la Florida.

Como resultado de su lucha, los "dreamers" recibieron una noticia hace dos semanas cuando el presidente Obama emitió una orden suspendiendo deportaciones y un permiso temporal de trabajo por dos años menores de 30 años y que hayan ingresado a Estados Unidos cuando eran menores de 16 años, haber residido de manera continua durante los últimos cinco, encontrarse actualmente en el país, cursar estudios actualmente, haber culminado la educación secundaria, o haber obtenido un certificado de educación general o que hayan servido en las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera.

Obama dijo que ellos son "gente joven que estudia en nuestras escuelas, que juega en nuestros barrios, que son amigos de nuestros hijos. Son estadounidenses en su corazón, en sus mentes y en toda otra condición, excepto una: en papel".

La medida beneficiaría a unos 800.000 estudiantes extranjeros que se encuentran en el país sin documentos, de acuerdo con el gobierno. El Pew Hispanic Center habla de 1,4 millones de jóvenes.

Las autoridades afirmaron que no es una amnistía y tampoco un beneficio automático, pues analizarán caso por caso los posibles beneficiarios.

Muchos de los "soñadores" expresaron que estas medidas, tomadas a cinco meses de los comicios presidenciales, son producto de la presión que nunca dejaron de ejercer y que incluyó las recientes ocupaciones de las oficinas de campaña de Obama en ciudades como Culver City, en California, y Denver, Colorado.

Seis días después del anuncio de Obama, la Corte Suprema dejó sin efecto tres disposiciones de la ley de Arizona para combatir a los extranjeros que están en el país ilegalmente, pero ratificó una que faculta a la policía estatal a comprobar el estatus migratorio de quien haya sido detenido bajo la sospecha de que vivía ilegalmente en el país.

"La provisión que quedó en efecto podría afectar las posibilidades de los dreamers de quedarse en el país porque podríamos ser víctimas de discriminación por nuestra apariencia", dijo Justino Mora, mexicano estudiante de ciencias políticas en la Universidad de California en Los Angeles. "Es una oportunidad de movilizar a la gente para pelear por sus derechos".

La idea del Dream Act surgió en 2001 cuando Tereza Lee, una brasileña de padres coreanos que llegó a Chicago a los dos años, fue aceptada en las mejores universidades de música del país, pero no podía pagar sus estudios y tampoco podía beneficiarse con becas porque no tenía estatus migratorio legal.

Llorando, acudió a su maestra de música para contarle lo que le sucedía. La maestra llamó a la oficina del senador demócrata Richard Durbin, quien fue coautor de la primera versión de este proyecto de ley.

De ser aprobado, el Dream Act podría beneficiar a alrededor de 2,1 millones de jóvenes, de acuerdo con el American Immigration Council, una organización sin afiliación política.

Sectores que piden mano dura con los inmigrantes sin permiso de residencia sostienen que cualquier medida que les ayude a obtener la ciudadanía a estos chicos, incluido el Dream Act, es una recompensa que alienta el comportamiento ilegal de sus padres.

"Es una amnistía para cerca de dos millones de personas", dijo el representante republicano de Texas Lamar Smith en 2011. "(Una) invitación abierta al fraude".

La orden presidencial de Obama es un remiendo temporal y no resuelve todos los problemas de los "dreamers".

Hernández dijo que deberá seguir pagando la matrícula universitaria de no residente en la Florida, unas tres veces más alta que la de los residentes. No podrá votar. Y deberá separarse de sus padres, que han decidido regresar a Honduras ante los numerosos inconvenientes que enfrentan en Estados Unidos por residir sin autorización legal, entre ellos las dificultades para conseguir trabajo y sustento económico, y un permanente temor a ser deportados.

Pese a todo, Hernández dice sentirse "muy feliz".

"Ya ese miedo de ser deportada no lo voy a tener por dos años", dijo a la AP. "Es un paso muy grande para una solución más a largo plazo".

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En este reportaje colaboraron la corresponsal de la AP en Nueva York, Claudia Torrens.

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El gráfico muestra el número y destino de las deportaciones efectuadas por Estados Unidos.

El enlace lo puede ver acá: http://hosted.ap.org/interactives/2012/migracion/