El gobierno español admitió el martes que impondrá "condiciones" al conjunto del sector bancario, incluso a los bancos que no soliciten fondos del rescate europeo, pero descartó que la ayuda exija duras reformas macroeconómicas como en los casos de Grecia, Irlanda y Portugal.

Mientras tanto, la indefinición sobre la situación real de la banca tras la rebaja general de calificación crediticia a 28 entidades por parte de la agencia Moody's y las dudas de cara a la crucial cumbre europea del jueves con el futuro del euro sobre la mesa volvieron a penalizar a España.

Después de varios días de tregua, la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años se disparó 23 puntos básicos en el mercado secundario y cerró la sesión en el 6,81%, otra vez cerca de la frontera del 7% considerada insostenible para financiarse.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, no reveló la cantidad concreta que pedirá España a sus socios europeos, que el pasado 9 de junio habilitaron un crédito de hasta 125.000 millones de dólares para sanear el problemático sistema financiero ibérico, ahogado en un mar de activos tóxicos vinculados al ladrillo y el colapso inmobiliario.

Dos auditorías independientes encargadas por el gobierno estimaron las necesidades de recapitalización de la banca en 78.000 millones de dólares ante un eventual deterioro de la coyuntura económica.

En una intervención en el Parlamento, De Guindos explicó que la petición se hará el 9 de julio, fecha en la que también se conocerá el mecanismo de funcionamiento del préstamo.

No obstante, adelantó que las entidades que requieran asistencia financiera europea deberán cumplir un exigente plan de reestructuración y anunció que el rescate también afectará a entidades sanas como Santander o BBVA.

"(Habrá) condiciones horizontales para el conjunto del sector financiero, que perseguirán fortalecerlo y corregir las vulnerabilidades existentes", dijo De Guindos, sin concretar las posibles reformas.

Además, dejó entrever que Bruselas se inclina por la creación de un banco malo, algo a lo que se había opuesto el gobierno conservador, para aglutinar en una sola entidad los activos tóxicos de la banca. Según el Banco de España, el sistema financiero español soporta 180.000 millones de euros (224.645 millones de dólares) en créditos, suelo, vivienda y promociones en riesgo de impago.

El banco malo es una entidad que nace con dinero público o privado para comprar los activos tóxicos de otros bancos, generalmente a precios fijados por agencias de tasación. El banco malo no es un banco como tal. No acepta depósitos ni facilita créditos, pero sí hace negocio con los activos que ha adquirido.

La idea es liberar los balances de las entidades en problemas para que puedan recuperar el crédito.

"La Comisión (Europea) ha adelantado su preferencia por exigir a las entidades la segregación de los activos no problemáticos de los problemáticos, a fin de facilitar la transferencia de estos últimos fuera de balance", reconoció el titular de Economía.

De Guindos subrayó que el rescate español no se puede comparar con el de Grecia, Irlanda y Portugal, porque no requerirá de exigentes ajustes económicos. Algo que la oposición socialista ha puesto reiteradamente en duda.

"La ayuda no se vinculará a un programa de ajuste macroeconómico, como ha ocurrido en el caso de otros países de la zona euro, ni habrá nuevas condiciones de política fiscal, ni tampoco de reformas estructurales", aseguró De Guindos.

La desconfianza en la solvencia de España y la situación real de la banca pasó factura a la capacidad de recaudación del país.

El Tesoro colocó el martes 3.100 millones de euros (3.900 millones de dólares) en bonos a 3 y 6 meses, por los que tuvo que pagar casi el triple que en la subasta anterior.

La tasa de interés para las letras a 3 meses fue del 2,36%, con respecto al 0,85% en la subasta más reciente el 22 de mayo.

La tasa en los bonos a 6 meses fue del 3,24%, en comparación al 1,7% del 22 de mayo.

Por último, el gobierno admitió que el déficit del gobierno central alcanzó el 3,41% del PIB en mayo, un 31% más con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que le sitúa a sólo 0,09 puntos del objetivo del 3,5% marcado para todo el año.

La subida se debió a un abrupto descenso de los ingresos y al adelanto de pagos a algunas regiones. El gobierno se comprometió con la Unión Europea a rebajar el déficit del Estado del 8,9% actual al 5,3% del PIB en 2012. El déficit previsto se repartía en el 3,5% del PIB para el gobierno, el 1,5% para las 17 comunidades autónomas y el 0,3% para los ayuntamientos.