Siete departamentos de la Policía de Arizona quedaron incapacitados legalmente para hacer patrullajes y arrestar a inmigrantes sin papeles en las calles o para adelantar investigaciones sobre su estatus migratorio fuera de las bases de datos que usan en las cárceles por presuntas violaciones la ley federal de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional notificó el lunes __el mismo día que la Corte Suprema anuló partes clave de la ley migratoria de Arizona — a los departamentos locales y estatales de la Policía de Arizona que rescindiría parte de los acuerdos existentes que los facultaba para trabajar como policías del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Esos acuerdos permitían que algunos policías locales, previamente designados, realizaran ciertas funciones en aplicación de la ley de inmigración, a condición de que recibieran entrenamiento y que actuaran bajo la supervisión de funcionarios del ICE.

Los acuerdos rescindidos incluían los firmados por el Departamento de Seguridad Pública con los departamentos de Policía de las ciudades de Phoenix, Mesa y Florence y de los condados de Yavapai, Pinal y Pima.

Estos contratos, amparados en el numeral 287(g) de la Ley de Ciudadanía e Inmigración, autorizaba a la policía de los condados de Arizona a buscar a hacer patrullajes en la búsqueda de inmigrantes sin papeles y a interrogarlos sobre su estatus migratorio en las cárceles.

La única parte de la ley SB 1070 que la Corte Suprema declaró constitucional conserva la responsabilidad que la ley preveía a los policías locales de contactar a las autoridades migratorias para verificar si una persona se encuentra legalmente en el país cuando tengan una "duda razonable" de que puede ser sujeta a la deportación.

Ahora, los policías locales sólo podrán hacer interrogatorios en los penales y enfocarse en arrestar a los inmigrantes que hayan sido condenados como criminales y representen un riesgo para la seguridad nacional.

"Esto (los interrogatorios) no va a ver afectado", dijo Steve Berry, vocero de la policía del condado de Mesa, que empezó a utilizar el programa de 287(g) en sus cárceles desde 2009 para determinar el estatus legal de una persona en su custodia.

Ese condado, Mesa, tenía un solo policía entrenado que formaba parte de un equipo de investigación de inmigración ilegal. "Pero desde hace más de un año no ha habido actividad en eso", dijo Berry.

Tommy Thompson, un vocero de la Policía de Phoenix, dijo que era demasiado prematuro medir el impacto de la cancelación del programa "si es que lo tiene".

El anuncio no es novedad para la Oficina del Sheriff Joe Arpaio del Condado Maricopa. En 2009, la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, revocó el acuerdo que había sido utilizado por el sheriff para realizar redadas en comunidades inmigrantes, tras protestas de activistas pro inmigrantes que dijeron que se estaban violando los derechos civiles de los latinos.

También se le quitó la facultad a los carceleros de Maricopa de entrevistar a las personas en referencia a su estatus migratorio.

Pese a la suspensión de ese programa, en todas las cárceles en Arizona hay acceso al programa Comunidades Seguras, que cuenta con diversas base de datos federales utilizado para identificar a los inmigrantes que tengan antecedentes penales o que no residan legalmente en el país.

En la cárcel de Arpaio no es diferente. Actualmente ICE tiene 50 policías que trabajan en turnos rotativos para realizar entrevistas de las personas que son detenidas en la cárcel de Maricopa y utilizar Comunidades Seguras para identificar a inmigrantes sin papeles o con historial criminal.

"ICE todavía está dentro de nuestras cárceles," dijo Brian Lee, vocero de la oficina del Sheriff. "Pero no sabemos cuáles son las prioridades de ICE".

El anuncio fue criticado también por grupos comunitarios como PUENTE que cree que se trata de una jugada política de Obama para atraer el voto latino.

"Ya sabíamos que iban a suspender los acuerdos 287(g) para reemplazarlos con Comunidades Seguras", dijo Carlos García, director de PUENTE. García enfatizó que Comunidades Seguras ha resultado en la separación de muchas familias inmigrantes en casos en que las personas carecían de un récord criminal.

Lee afirmó que la revocación del programa 287(g) tuvo un impacto fuerte en 2009 cuando sus oficiales patrullaban las calles.

"Ahora cuando detenemos a alguien en la calle que sospechamos está en el país ilegalmente, tenemos que esperar para que ICE lo venga a buscar", dijo.

Un vocero del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, Bart Graves, dijo que no anticipaban que la cancelación del acuerdo impacte sus operativos en contra del tráfico humano.

Veinticuatro policías fueron entrenados para formar parte de un equipo de investigación del tráfico de seres humanos integrado por agentes del ICE y del Departamento de Policía de Phoenix.

Ese equipo se enfoca en la investigación de las llamadas casas de seguridad o residencias que utilizan los traficantes de seres humanos para albergar a inmigrantes de paso a sus destinos o secuestrarlos.

"La actividad de este equipo ha disminuido en el último año," dijo Graves. En 2012, sólo se detectaron 20 casas de seguridad en comparación a un promedio anual de 80 en años anteriores, agregó.

El único cambio esperado a este programa consistirá en que será el ICE quien procesará a las personas detenidas en las casas de seguridad.

"Esto pone más presión en ICE para que tengan que encargarse de todo el procesamiento (de las personas detenidas) ahora vamos a tener que llamarlos a ellos para todo eso", dijo.

La gobernadora republicana Jan Brewer quien firmó la ley SB 1070 en 2010 y criticó a la administración de Obama por suspender los programas 287(g) y hacerlo únicamente en Arizona.

"Por supuesto, no es coincidencia que este anuncio ocurra inmediatamente después de que la Corte Suprema de Estados Unidos afirmase la constitucionalidad de la parte central de la ley contra la inmigración ilegal en Arizona: SB 1070," dijo Brewer en un declaración escrita.

"Aparentemente, estamos solos", agregó la gobernadora.