Un tribunal egipcio derogó el martes un decreto emitido hace dos semanas por el gobierno que permitía a la policía militar y los servicios de espionaje detener a civiles, con lo que infligió un revés a los gobernantes militares del país.

El Ministerio de Justicia emitió el decreto el 13 de julio, que permitía que los civiles fuesen detenidos incluso por infracciones menores, como las del reglamento de tránsito. La oposición acusó al gobierno de usar el decreto para tratar de imponer una ley marcial.

Los activistas de derechos humanos temían que los poderes adicionales reprodujeran en esencia la odiada ley de emergencia del país. Esa ley, que estuvo en vigencia durante tres décadas, había vencido apenas dos semanas antes.

La ley de emergencia otorgó amplios poderes de arresto y detención a la policía, que abusó de ellos en años recientes y con ello alimentó la ira popular que condujo a la insurrección del año pasado.

Los críticos dijeron que los nuevos poderes de detención parecían buscar extender el control de los gobernantes militares, incluso después de transferir el poder al presidente electo a finales de este mes, como prometieron.

El islamista Mohamed Morsi, de la Hermandad Musulmana fundamentalista, fue declarado presidente electo de Egipto el domingo, el primer mandatario elegido libremente en la historia moderna del país.

Sin embargo, Morsi afronta todavía una lucha de poder con los gobernantes militares, después que ellos despojaron a la Presidencia de sus facultades principales, una semana antes de que se anunciara el ganador de la elección.

El consejo militar gobernante ha utilizado decretos judiciales y constitucionales para evitar que los islamistas controlen de todas las ramas de los poderes ejecutivo y legislativo.

El mismo tribunal aplazó una decisión clave sobre si derogará una orden del consejo militar de disolver el Parlamento, dominado por los islamistas.

La Hermandad Musulmana y otro grupo islamista, el de los salafistas ultraconservadores, se apoderaron de más del 70% de los escaños parlamentarios en las elecciones de principios de año.

De acuerdo con la constitución provisional de Egipto, el Parlamento tiene la tarea de formar una comisión que escriba la Constitución.

Los liberales se han retirado en dos ocasiones de las comisiones creadas por el Parlamento, controlado por islámicos, alegando que los paneles estaban dominados por islamistas y que ello haría que la nueva Constitución de Egipto acabe siendo más islamista.