La Suprema Corte otorgó hoy a Arizona una victoria arduamente peleada al confirmar la parte más contenciosa del proyecto de ley de cumplimiento inmigratorio, la sección 2(b) de la ley SB 1070. Dicha sección requiere que los funcionarios policiales estatales y locales verifiquen con el gobierno federal la situación inmigratoria de las personas que legítimamente paran cuando sospechan de una presencia ilegal. Esa autoridad, sostuvo la Corte, está autorizada por la legislación federal y es un componente básico de la función inherente de un estado de hacer cumplir las leyes. A pesar de la franca oposición del gobierno de Obama y sus aliados, los estados pueden asistir, y de hecho asistirán, en hacer cumplir nuestras leyes inmigratorias nacionales.

FAIR trabajará arduamente en estados de todo el país para tratar de afianzar este éxito legislativo y otros que contribuyan a reafirmar el rol de los estados en resolver la crisis inmigratoria en Estados Unidos.

Si bien La Corte rechazó varias cláusulas de la ley de Arizona –incluso la que penalizaba a los extranjeros que se encontraban ilegalmente en el país buscando empleo no autorizado— la opinión mayoritaria del juez Kennedy deja muy claro que respeta la autoridad amplia del Congreso para autorizar a los estados a asistir en diversas áreas para hacer cumplir las leyes sobre inmigración.

Todas las demás partes de la ley de Arizona podrían considerarse legales y constitucionales, parece, si el Congreso lo indicara de manera explícita en la legislación federal. En cada caso en que la Corte rechazó una parte de la ley de Arizona, la Corte no pudo encontrar pruebas explícitas de que el Congreso tuviera la intención de permitir que un estado como Arizona promulgue una ley así.

La decisión podría servir de llamada de atención para que el Congreso dé un paso adelante y lidere: el Congreso puede –y debe— ahora dar un paso adelante y autorizar a los estados a que actúen en estas áreas.

Para cualquiera que se tome el trabajo de examinar las numerosas leyes inmigratorias que se han promulgado a lo largo de muchos años, por supuesto el Congreso ya ha dado la luz verde para este tipo de leyes. Pero los cinco jueces que comparten la opinión mayoritaria aparentemente no pudieron encontrar las diversas secciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad en las que el Congreso buscó fomentar este tipo de colaboración estatal-federal. Eso, en sí mismo, habría sido un revés para quienes desean que las leyes se hagan cumplir y que nuestros límites inmigratorios sean creíbles. Pero es peor todavía. La Corte llegó aún más lejos e inexplicablemente adoptó las reclamaciones del gobierno de Obama de una inherente y aparentemente inmodificable “discreción procesal” (como se la llama) ejecutiva, una serie de memos que el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) dice que lo autoriza a sencillamente permitir que millones de inmigrantes ilegales soliciten permanecer en los Estados Unidos indefinidamente.

Efectivamente, la mayoría de los jueces confirmaron (adoptaron, realmente) la increíble afirmación del gobierno de Obama de que cuando se trata de visas y protección de las fronteras “no tenemos que hacerlo, y los estados no pueden forzarnos a ello”. Para los ciudadanos y los contribuyentes, esto constituye una masiva amenaza a la autodeterminación nacional y de las comunidades, sin mencionar la salud fiscal. Un político, como acaba de demostrar el presidente Obama, ahora puede utilizar favores especiales a la inmigración como táctica política partidaria a expensas de los contribuyentes.

La opinión de la mayoría obedientemente aprueba los increíbles cambios en la seguridad pública y las dificultades fiscales que representa la crisis fronteriza de Arizona, pero sencillamente desecha el problema como algo sobre lo que el estado tiene muy poca decisión para detenerlo. Esto no solo es irresponsable sino también insostenible: la toma de decisiones se ha dividido entre los que tienen que tomar las decisiones y los que tienen que absorber las consecuencias. Las comunidades locales deben tener el poder de ejercer un control razonable sobre su destino. Sin una efectiva colaboración estatal-federal para hacer cumplir las leyes sobre inmigración, nuestra viabilidad como empresa nacional está en juego.

La batalla recién comienza. El pueblo estadounidense, que abrumadoramente está a favor del tipo de estrategia que plantea la ley SB 1070, sigue teniendo el poder supremo para asegurar que los funcionarios elegidos promulguen y hagan cumplir leyes inmigratorias de una manera que verdaderamente proteja sus intereses.

Traducido por Fox News Latino.

Dan Stein is president of the Federation for American Immigration Reform, or FAIR, a national non-profit organization that supports stricter enforcement of immigration laws.

 

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