El fallo del lunes mediante el cual la Corte Suprema federal desechó algunas cláusulas cruciales de la ley contra la inmigración ilegal en Arizona allana el camino para que tribunales anulen medidas similares aprobadas en los estados que han intentado convertir en delito vivir y trabajar sin permiso en Estados Unidos.

Sin embargo, los partidarios del combate a la inmigración ilegal afirman que el fallo confiere a los estados un papel fundamental en la aplicación de la ley federal, porque permite a las autoridades locales verificar la condición migratoria de aquellas personas de las cuales se sospeche que carecen de permiso de residencia.

"Me alienta, cuando menos, el rayo de esperanza en la decisión de que tendremos la oportunidad de interactuar más de cerca con el gobierno federal en cuanto a los residentes que carecen de documentos cuando los encontremos", señaló el senador republicano de Carolina del Sur, Larry Martin, quien impulsó la legislación en su estado. "Más allá de eso, creo que la ley federal nos ata de manos", apuntó.

La Suprema Corte desechó de la Ley de Arizona el punto que obligaría a todos los inmigrantes obtener o portar papeles de registro de inmigración; el que considera delito que un inmigrante sin permiso para estar en el país busque o tenga empleo, y el que obliga a la policía a detener sin orden judicial a inmigrantes de los que sospeche que carecen de permiso para estar en el país.

Las normativas migratorias adoptadas en Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Indiana y Utah se basaron en parte en la ley aprobada en Arizona en 2010. Ahora que la Corte Suprema se ha pronunciado sobre el particular, el fallo propiciará el avance de las impugnaciones presentadas contra las leyes migratorias de esos estados.

En el considerando mayoritario que escribió el magistrado Anthony Kennedy, la Suprema Corte determinó que esos puntos de la ley de Arizona entraban en conflicto con la ley federal. En otras palabras, la aplicación de las leyes de inmigración del país es una tarea que compete al gobierno federal, no de los gobiernos estatales ni locales.

Algunas secciones de las leyes de inmigración de otros estados están temporalmente bloqueadas. En muchos casos, los jueces federales aguardaban, para emitir su fallo definitivo, la decisión de la Corte Suprema con la creencia de que ésta sentaría un importante precedente jurídico.

Tanto los partidarios como los detractores del combate a la inmigración ilegal describen a la ley de Alabama como la más severa de las que existen en la nación. Adoptó gran parte de la ley de Arizona e incorporó otros puntos, entre estos uno que obliga a las escuelas públicas a verificar la condición de ciudadanía de los alumnos de nuevo ingreso.

Asimismo, Alabama es el único estado donde los tribunales permitieron la entrada en vigencia del punto que obliga a los agentes, cuando ordenen a un automovilista que pare o en cualquier otra acción policial, a efectuar un "intento razonable" de determinar la condición migratoria de una persona si sospecha que ésta es un inmigrante que carece de permiso para estar en el país.

El fallo de la Corte Suprema allana el camino para que la Corte de Apelaciones del 11mo Circuito decida si ratifica o no esas disposiciones. El mismo tribunal sopesa la ley migratoria de Georgia, cuyo punto crucial son las cláusulas que permiten a la policía revisar la condición migratoria de las personas.

Para que Georgia evite que la ley sea desechada ante los argumentos de que tales revisiones constituyen una acción dirigida contra individuos por su apariencia, los agentes tendrían que revisar la condición migratoria de cada persona que detengan, dijo Charles Kuck, abogado para asuntos de inmigración en Atlanta y ex presidente de la American Immigration Lawyers Association (Asociación de Abogados de Inmigración en Estados Unidos).

Kuck señaló que es un error que los partidarios de la ley interpreten como una victoria el fallo de la Corte Suprema.

"Esta es una gran derrota para aquellos que creen que los estados pueden regular la inmigración", apuntó. "Me parece gracioso que alguien pueda leer la decisión y concluir lo contrario", señaló.

El fallo también podría allanar el camino para que alguna corte federal conceda un recurso permanente contra una disposición en la ley de Indiana que fue más lejos que la ley de Arizona.

Ese punto permite a la policía arrestar a cualquiera que tenga orden de detención o deportación de parte de las autoridades federales, aun si esa persona no es sospechosa de ningún otro delito.

Diversos grupos, como la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), habían argüido que esa disposición confería a la policía facultades sin precedentes para efectuar arrestos.

"Sin más consideraciones, (el fallo de la Suprema Corte) simplemente refuerza la inconstitucionalidad de la ley de Indiana", dijo Ken Falk, director jurídico de la ACLU en Indiana.

En Utah, el procurador general Mark Shurtleff, describió como una victoria el fallo de la Corte Suprema y señaló que la ley de su estado difiere considerablemente de la de Arizona.

La ley de Utah obliga a la policía a verificar la ciudadanía de las personas detenidas por delitos graves, pero puede aplicar a discreción esa medida en personas arrestadas por delitos menores.

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Los reporteros de la AP, Meg Kinnard, en Columbia, Carolina del Sur; Charles Wilson, en Indianápolis, Ken Miller, en Oklahoma City, y Brian Skoloff y Paul Foy, en Salt Lake City, contribuyeron a este despacho.