España buscará en las negociaciones con sus socios europeos que la ayuda para la recapitalización de la banca tenga un plazo de devolución lo más largo posible y un tipo de interés bajo, según aseguró hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.

"Lo importante para nosotros es plazos de devolución y tipos de interés. Si se consigue un plazo de devolución largo y un tipo de interés bajo, la operación será mucho más favorable", explicó García-Margallo a su llegada a una reunión de los titulares de Exteriores de la Unión Europea (UE).

España iniciará hoy, con la solicitud formal del préstamo, las discusiones oficiales con Europa para definir los términos del crédito que usará para recapitalizar los bancos en problemas.

El ministro recordó que ese paso es un mero "trámite formal" y subrayó que la prioridad para el Gobierno está en la "negociación de los términos del contrato y, en concreto, en los plazos de devolución y los tipos de interés.

"Lo que se discute ahora son los plazos de vencimiento, de devolución, y los tipos de interés a pagar, como cualquier familia que pide un préstamo en un banco", indicó.

Preguntado por las aspiraciones españolas, García-Margallo aseguró que un plazo de 30 años parece "utópico en estos momentos".

El pasado viernes, el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo esperar que el préstamo se mueva en parámetros similares a los de otros países y que, por tanto, tenga un plazo largo de incluso más de 15 años, un periodo de gracia de entre 5 y 10 años y un tipo de interés entre el 3 y el 4 por ciento.

Por otra parte, García-Margallo aseguró que la posibilidad de que la ayuda se haga de forma directa a la banca, sin pasar por el Estado, "sigue abierta".

"Esa cuestión se trató en Roma entre los cuatro líderes europeos y no se ha llegado todavía a una solución", señaló, en referencia a la reunión del pasado viernes entre los líderes de España, Francia, Italia y Alemania.

Esa vía no figura como opción en las normas de los fondos europeos de rescate, pero ha sido defendida por instituciones como la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).