Paraguay se propone defender en el escenario internacional la legalidad de su nuevo gobierno, en lo que se avizora una intrincada tarea ante la reacción de rechazo expresado en el exterior por la veloz destitución del mandatario Fernando Lugo.

El gobierno del presidente Federico Franco tiene el desafío de convencer a gobiernos de naciones latinoamericanas y del Caribe que han puesto en duda la legitimidad del nuevo mandatario y no han dado su reconocimiento.

La tarea será más complicada luego de que el ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina difundiera un comunicado con una resolución consensuada por los miembros plenos Brasil, Uruguay y Argentina, que prohíbe la presencia paraguaya en las reuniones del jueves y viernes de la próxima semana en la nueva Cumbre de Mercosur, en la ciudad argentina de Mendoza.

Considerando el "Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur suscrito el 24 de julio de 1998, que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo del proceso de integración, los Estados partes y asociados Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, resuelven expresar su más enérgica condena a la ruptura del orden democrático acaecido en la república del Paraguay, por no haberse respetado el debido proceso".

"Y suspender al Paraguay de forma inmediata del derecho a participar en la XLIII reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del Mercosur", finalizó el comunicado.

Las nuevas autoridades de Paraguay no hicieron comentarios de inmediato sobre la exclusión.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció el domingo la medida más drástica hasta el momento en rechazo a la destitución del que fue un aliado, al anunciar que retirará a su embajador y cortará los envíos de petróleo a Paraguay.

Chile y Colombia llamaron el domingo a sus respectivos embajadores en Asunción para consultas.

Al descontento externo se sumó el anuncio formulado el domingo por dos ex ministros de Lugo en el sentido de que formarán una especie de gobierno paralelo con la anuencia del ex presidente.

El canciller José Félix Fernández, uno de los primeros designados por Franco tras la destitución el viernes de Lugo por un juicio político parlamentario, había dicho el domingo en rueda de prensa que planeaba participar en el encuentro del Mercosur.

Fernández fue ministro de Relaciones Exteriores durante el anterior gobierno de Luis González Macchi (1999-2003).

Lugo anunció la madrugada del domingo que también asistirá al encuentro regional para denunciar que el Senado de su país no le otorgó el tiempo suficiente para que sus abogados prepararan su defensa. Consideró que fue víctima de un golpe parlamentario con una herramienta jurídica.

Uno de los aliados de Lugo en la región se hizo eco de esas denuncias.

Al hablar en un desfile militar el domingo en Venezuela, el presidente Chávez consideró que la salida de Lugo fue ilegal y que no reconocerá el gobierno de Franco, un médico de 49 años que hasta su ascenso al poder el viernes fungió como vicepresidente. El líder izquierdista también anunció la decisión de cortar los envíos de crudo a Paraguay.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, mandó a llamar a su embajador en Asunción, Cristian Maquieira, para analizar la situación, una medida que también tomó el gobierno del mandatario colombiano Juan Manuel Santos.

En declaraciones en el palacio de gobierno en Santiago, Piñera afirmó que "no se respetó el legítimo derecho a la debida defensa que está contemplado en la propia Constitución de Paraguay, y también en el derecho internacional".

"En los próximos días nos vamos a reunir los presidentes para, a la luz de los hechos ocurridos en Paraguay y tomando en cuenta los protocolos de defensa y protección de la democracia que contemplan ambos pactos, tomar las medidas que correspondan".

Precisó que su gobierno "no tomará ninguna medida que pueda significar un perjuicio para el pueblo de Paraguay", aunque "sí vamos a tomar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos de Mercosur y Unasur (Unión Sudamericana de Naciones): defender y proteger la democracia en nuestro continente y en todos los lugares del mundo".

La Unasur la integran Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Fernández dijo el domingo que el nuevo gobierno valoraba "el apoyo de Canadá y de España".

Franco recibió la víspera las visitas del nuncio apostólico en Asunción, monseñor Antonio Ariotti, y del ministro de Cooperación Económica de Alemania, Dirk Niebel. El funcionario alemán afirmó que "no soy experto constitucional, pero como político sé que el resultado de los votos en la Cámara de Diputados es un mensaje político claro".

En tanto, los ex ministros Augusto Dos Santos y Carlos Filizzola, de Comunicación Social y del Interior, respectivamente, anunciaron el domingo en la televisión pública que Lugo se reunirá desde el lunes con su ex gabinete "para tomar decisiones", que no precisó.

Filizzola señaló que Franco no tuvo la aceptación internacional, "por lo que seguimos al lado del presidente Lugo y le acompañaremos esta semana a dos cumbres internacionales", en alusión a la del Mercosur y posiblemente la de la Unasur, que no ha sido anunciada oficialmente.

Poco antes, Lugo advirtió que "no colaboraré con el gobierno de Franco porque es trucho (falso). No tiene legitimidad".

El analista político Hugo Saguier Guanes dijo que al parecer "Lugo es bipolar. Da un mensaje de pacificación y aceptación del resultado del juicio político y ahora dice que forma un gobierno paralelo".

Saguier consideró en una entrevista con The Associated Press que con la formación del "otro gobierno", el futuro del país quedaría "en manos de las Fuerzas Armadas y la policía. De ellos dependerá a quien apoyan", es decir, a Franco o el posible retorno de Lugo.

El Senado destituyó a Lugo el viernes tras culparlo de mal desempeño en sus funciones por 39 votos a favor, cuatro en contra y dos ausencias en un proceso que duró solo algunas horas.

Franco completará el truncado periodo de gobierno de Lugo de cinco años hasta el 15 de agosto de 2013.

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