La débil democracia paraguaya nuevamente está a prueba. Una abrumadora mayoría en el Congreso enjuició y destituyó al presidente Fernando Lugo en un juicio rápido, tras ser acusado ayer por la Cámara de Diputados de no desempeñar bien su cargo.

La destitución ocurrió siete días después de la muerte de 17 personas en un enfrentamiento armado entre policías y campesinos sin tierra, que fueron desalojados de una reserva forestal.

Esa revuelta se convirtió en un tinglado político que desembocó en la acusación formal porque las tensiones, que venían creciendo entre el mandatario y sus antiguos aliados políticos, finalmente explotaron

Los políticos de la coalición que llevaron a Lugo al poder venían reclamando, desde hace años, una mayor participación burocrática e injerencia en la toma de decisiones del gobierno.

"Los choques del viernes (pasado) por los conflictos de tierras fueron un catalizador", dijo Grant Hurst, analista de la consultora IHS en Londres. "(Fue) magnificado por la tierra donde se produjo la invasión, de propiedad del ex senador Blas Riquelme".

La gota que llenó la copa fue el nombramiento de dos personas del núcleo duro de Lugo como Ministro del Interior y Jefe de la Policía sin ofrecer participación a los aliados que lo llevaron a la presidencia.

"Lugo ha sido un presidente políticamente débil desde el comienzo de su mandato", dice Michael Shifter del Diálogo Interamericano. "Fue el primer presidente paraguayo en más de seis décadas que no era del Partido Colorado. El apoyo de Lugo ha ido erosionado y los opositores de su gobierno se han fortalecido con el tiempo".

"La oposición simplemente no estaba de acuerdo con las políticas de Lugo y no aprobó la forma en que gobernó", agregó Shifter. "Como resultado de ello, la oposición manipuló el sistema, adhiriéndose a la letra de la ley pero apartándose del principio democrático. En este caso, es difícil discutir con quienes argumentan que la voluntad del pueblo que eligió a Lugo no está siendo respetada. Es difícil ver las acusaciones dirigidas contra él no sean más que un pretexto para la eliminación de un presidente impopular. Si los presidentes fueron derrocados por las razones citadas, habría pocos presidentes latinoamericanos que se queden en la presidencia".

La primera decisión que no gustó a sus antiguos aliados fue haberles dado una escasa participación en su primer gabinete ministerial al Partido Liberal Radical y a la Alianza Patriótica.

La tensión siguió creciendo al no incluirlos en la toma de decisiones importantes, como el manejo de las ocupaciones de tierras por parte de las organizaciones campesinos o el presunto retiro de tropas del Ejército ordenado por él cuando tenían acorralados al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo que opera en la selva, al norte del país, y se dedica principalmente al secuestro extorsivo.

El gobierno del mandatario depuesto tuvo una agenda de izquierda que tampoco gustaba a sus antiguos aliados.

Desde que asumió el gobierno, organizaciones de campesinos sin tierra invadieron grandes fincas ganaderas o de soja, de propiedad de paraguayos o extranjeros, para forzar una expropiación que Lugo dijo que pagaría. Pero del presupuesto paraguayo no hubo recursos para pagar las indemnizaciones.

Sobre Lugo también pende la espada de Damócles de haber pedido al senado paraguayo que archivara un proyecto de ley que convertía en letra muerta uno de los principios de toda democracia: salir pacíficamente de su gobernante.

El proyecto buscaba una adición de 50 millones de dólares al lánguido presupuesto nacional para que las autoridades electorales pudieran contratar a unos 10.000 funcionarios encargados inscribir a nuevos votantes y para pagarle a los jurados el día de las elecciones.

Lugo no hizo comentarios sobre el tema. Por esos días reconoció la paternidad de un segundo hijo de una cuarta mujer. Su jefe del gabinete dijo que "no podemos permitirnos el lujo de invertir 50 millones de dólares, o parte de esa suma en operadores políticos cuando existen necesidades perentorias y otras prioridades en el país".

Si Lugo es destituido hoy será reemplazado por Franco, miembro de la coalición política que enjuició al mandatario, y con quien nunca tuvo una relación fácil. (ver biografía de Franco)

En el improbable caso de que siga en el poder, Lugo podría aplazar las elecciones que constitucionalmente se deben adelantar en abril, lo que para muchos analistas consultados por la AP consiste en una treta para perpetuarse en el poder e imponer una agenda de izquierda como ha sucedido en Venezuela y Bolivia.

En Paraguay los juicios por motivos políticos que han terminado con renuncias de presidentes no son extraños.

Lugo es el cuarto mandatario de la historia reciente que afronta un juicio senatorial en una democracia y el tercero que es enjuiciado como resultado de una acción represiva oficial y una sublevación política como respuesta.

El presidente José P. Guggiari (1928-1932) abandonó el cargo antes de que el Senado lo procesara. Fue enjuiciado por haber reprimido violentamente una protesta popular que pedía una mayor ofensiva militar para recuperar una zona llamada el Chaco Boreal, invadida por Bolivia tras perder su salida al mar. Fue absuelto de todo cargo y volvió a la Presidencia.

Raúl Cubas (1998-1999) también dimitió por una protesta llamada 'El Marzo Paraguayo', que lo acusaba de haber sido el autor intelectual del asesinato de su vicepresidente Luis María Argaña, quien murió acribillado en las calles de Asunción. Con la renuncia, el juicio político se suspendió y la presidencia la asumió el titular del Senado.

El único presidente paraguayo que no renunció durante un juicio senatorial fue Luis González Macchi (1999-2003), quien ya había sobrevivido un golpe de estado, y no fue destituido porque el Senado no logró los 30 votos necesarios de 45 escaños. Fue acusado de intentar vender una telefónica estatal a un precio muy inferior a través de un amigo y haber llevado al país a una cesación de pagos porque no había dinero para pagar los sueldos de funcionarios públicos.

Lugo, que anunció que no iba a renunciar, cuenta con el apoyo de escasas organizaciones campesinas. Interpuso un recurso ante la Corte Suprema para anular el juicio alegando violación al debido proceso y mandó a sus abogados al recinto del Senado para que asumieran su defensa.

La tensión en el ambiente político y social del país se puede cortar con una cuchilla: la mayoría de las escuelas suspendieron sus clases y pidieron a sus padres retirar a sus hijos como medida de seguridad. Los comercios del centro de Asunción cerraron sus puertas ante la movilización de campesinos frente al Congreso.

En clínicas y hospitales activaron el código rojo de emergencias médicas para recibir grandes cantidades de heridos. Liberaron camas para el arribo de pacientes, trasladaron pacientes estables a otros institutos, colocaron más camillas en las salas de urgencia y suspendieron las cirugías programadas en estos días para liberar médicos y enfermeras y tener los quirófanos listos y operen simultáneamente, según Enrique Bellassai, director de un hospital.

En el mundo globalizado, Paraguay es invisible. Tiene 6.4 millones de personas, 38% en la pobreza y dentro de ellos 19% en la miseria. Los 120.000 indígenas de unas veinte etnias guaraníes viven en la indigencia, sumergidos en la crudeza del analfabetismo y la ignorancia. Se confrontan cotidiana y fatalmente con la Fuerza Pública por la tierra.

En pleno siglo XXI, y desafiando cualquier estándar urbanístico, el gobierno les construyó viviendas a los indígenas con piso de barro, sin ventanas para evitar el ingreso de "malos espíritus", con techo de paja, sin electricidad, pero con espacio para encender fogatas, cuyas llamaradas iluminarán el lugar en la noche.

El país no tiene playas ni salida al mar, su economía se basa en la producción agrícola y ganadera. La industria manufacturera es prácticamente inexistente y la soja es el principal rubro de exportación.

De hecho, el país es el tercer productor de soja en el continente y sexto en el mundo. A su regreso de la India y Japón, Lugo relató que empresarios privados le "preguntaron cómo es posible que un país tan pequeño en el mapa sea el tercer productor de soja en Sudamérica y sexto en el mundo?". ¿Y cómo es que llegó a los cuartos de final del Mundial de fútbol en 2010?".

Paraguay no tiene una base tributaria. A partir de enero de 2013 instaurará el Impuesto a la Renta Personal a una tasa de apenas el 10% sobre ganancias y salarios.

El impuesto fue aprobado por el Congreso en 2004 pero su puesta en marcha se difirió porque no había un plan de inversión para la utilización del dinero.

El 60% de lo poco que se tributa en el país es evadido, donde sólo existen 500 grandes contribuyentes: empresas familiares, sociedades anónimas y corporaciones internacionales. Entre ellas se encuentra un portafolio compañías internacionales como Telecel (telefonía móvil de Luxemburgo), el banco BBVA, la filial banco brasileño Itaú, la filial de la brasileña Petrobras y, por supuesto, Coca Cola.

Los contrastes aún en la capital son grandes. Al frente al lujoso edificio del Congreso, construido con una donación del gobierno de Taiwán de 20 millones de dólares, es normal ver a un par de cerdos buscando alimentos mientras que sus propietarios, residentes del barrio marginal vecino al palacio de gobierno, salen a las calles a disfrazar su mendicidad limpiando parabrisas o a cuidar vehículos para que, eventualmente, nadie hurte una antena o un equipo de sonido.

"Cíclicamente (Paraguay) sale de su condición de país invisible: por ejemplo en los años 70 y 80 llamó la atención por las actuaciones del (tenista) Víctor Pecci, luego de jugar la final 1979 de Roland Garros. En los 90, fue el polémico portero José Luis Chilavert quien puso el nombre del país en los titulares", dijo el periodista Miguel Oscar Domínguez.

La falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas explotó a mitad de junio cuando murieron seis policías y once campesinos en una balacera en el interior de una reserva forestal en Curuguaty, al noreste de la capital. Los labriegos invadieron la finca de 2.000 hectáreas intentando forzar su expropiación pero el gobierno demoró una respuesta. La orden judicial de desalojo llegó antes y el desenlace fue fatal.

Luis Aguayo, líder de la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas, dijo a la AP que la reforma agraria "lastimosamente tendrá que hacerse en los próximos gobiernos porque a Lugo ya no le queda tiempo disponible. El campesino pobre, una vez más, tendrá que seguir esperando...".

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