La cúpula empresarial de Nicaragua pidió hoy al Gobierno de Daniel Ortega "mejorar la institucionalidad y transparencia" del país, para evitar poner en riesgo programas de cooperación multilateral avalados por Estados Unidos que representan más de 200 millones de dólares anuales.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, reaccionó así después de que EE.UU. confirmó el jueves que suspendió a Nicaragua una de dos dispensas de cooperación, conocidas como "waiver", debido a la "falta de transparencia fiscal" en el país centroamericano.

Ortega tiene la responsabilidad de "mejorar la institucionalidad y transparencia" en Nicaragua para conservar el "waiver de propiedad", la otra dispensa que recibe de Estados Unidos y que representa al menos 220 millones de dólares anuales en cooperación internacional, declaró a Efe Aguerri.

Según el líder empresarial, un primer paso para demostrar que Nicaragua tiene instituciones fuertes sería que el Parlamento, dominado por el oficialismo, "nombre a todos los funcionarios con cargos vencidos", una petición que ya han efectuado distintos sectores nacionales.

Una treintena de altos funcionarios permanece en sus cargos de forma extemporánea en Nicaragua gracias a un decreto Ejecutivo que la oposición considera inconstitucional.

Estados Unidos dijo el jueves que "esta semana" notificó a Nicaragua de la suspensión del "waiver de transparencia fiscal", por lo que no le otorgará casi tres millones de dólares para las áreas militar, lucha antidrogas, salud y medio ambiente, según los datos oficiales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos debe aún determinar si negará a Nicaragua la otra dispensa, relativa a la propiedad, y que afecta a la cooperación a través de instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, en las que Washington puede ejercer el derecho de veto.

Ese "waiver" o certificado está supeditado al avance que registre Nicaragua en la resolución de las reclamaciones de propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

De acuerdo con Aguerri, este año Nicaragua ha resuelto 62 de esos casos de propiedad que afectaron a estadounidenses.

El procurador del Estado nicaragüense, Hernán Estrada, afirmó en marzo pasado que 197 ciudadanos estadounidenses mantenían en vigor 377 reclamos por propiedades.

Por su parte, el magistrado judicial Francisco Rosales, afín al Gobierno de Ortega, criticó este viernes a Estados Unidos y lo acusó de tener "el mayor déficit de transparencia" en el mundo.

"Vergüenza les debería de dar estar planteando problemas de transparencia cuando son ellos los más deficitarios a nivel mundial", dijo el procurador a periodistas.

El vicepresidente nicaragüense, Omar Halleslevens, alertó que la suspensión de la dispensa estadounidense solo afectará a los ciudadanos de Nicaragua, no al Ejecutivo.