El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Gobierno de Bolivia mantienen ya "conversaciones" sobre algunas de las reclamaciones de los parlamentarios bolivianos de oposición encerrados en esa oficina de Naciones Unidas en La Paz.

El portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville, dijo hoy en Ginebra que "obviamente algunos de los temas por los que están protestando corresponden a temas en los que hemos estado comprometidos (en Bolivia) y son materia de conversaciones en curso con las autoridades".

Las senadoras bolivianas Carmen Eva Gonzales y María Elena Méndez, y el diputado Adrian Oliva, de la derechista Convergencia Nacional, se encerraron esta semana en demanda de acciones contra lo que llaman "persecución política" del presidente de Bolivia, Evo Morales.

Los encerrados exigen una negociación con Morales que permita una "amnistía política" y que una misión de la ONU visite Bolivia y haga una auditoría sobre derechos humanos, según la también senadora de oposición Centa Reck.

Además, piden que se permita que opositores que llevan más de 18 meses presos sin sentencia judicial sean excarcelados, para que se defiendan en libertad, y que se forme una "Comisión de la Verdad" para revisar caso por caso las denuncias del Gobierno contra los acusados por supuestos delitos penales, añadió.

Colville especificó que el Alto Comisionado aborda con las autoridades bolivianas, entre otras cuestiones, "la importancia de respetar los principios universales de la Justicia, como la imparcialidad y la independencia".

Recordó también que se ha insistido en la necesidad de descriminalizar el desacato, una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "con la que coincidimos".

El desacato es una figura legal incluida en el código penal, supuestamente destinada a proteger a funcionarios públicos de acusaciones indebidas o falsas.

"Hemos tenido muchas conversaciones con el Gobierno (boliviano) sobre estas cuestiones y hemos visto algunos movimientos (positivos)", señaló Colville.

Insistió, no obstante, en que los legisladores podrían haber encontrado "otra manera de protestar" y no hacerlo ocupando las instalaciones de la ONU, lo que ha causado una interrupción del trabajo que se realiza allí y que consideró "perjudicial".

Inicialmente, Méndez, Gonzales y Oliva entraron en la sede del organismo de la ONU para reunirse el martes con su representante en La Paz, Dennis Racicot, y decidieron encerrarse allí como una manera de presionar al Gobierno para que abra un diálogo con las fuerzas políticas.

Méndez abandonó ayer el encierro por razones médicas, según comentó ella a su salida, mientras que sus colegas persisten y han anunciado el inicio de una huelga de hambre.

"Este caso se está convirtiendo en un gran drama en Bolivia", dijo Colville, quien reconoció el contenido altamente "político" de esta situación.

Confirmó también que hay empleados de la ONU que entran y salen del edificio, hablan con los representantes del Parlamento y les están proporcionando "los artículos básicos que necesitan".